Derechos Humanos
INFORME SOBRE PRÁCTICAS DE DERECHOS HUMANOS – 2004
Publicado por la Oficina Pro Democracia, Derechos Humanos y Trabajo GUATEMALA
28 de febrero de 2005 Guatemala es una república democrática, con separación de poderes y una administración nacional descentralizada. La Constitución consagra el sufragio universal para elegir a un presidente con un sólo mandato y un congreso unicameral. Elecciones para presidente, consideradas por observadores internacionales como libres y justas, fueron celebradas en 2003, y Oscar Berger de la coalición tripartidaria Gran Alianza Nacional (GANA) fue electo por un mandato de cuatro años, que comenzó en enero. El poder judicial es independiente. Sin embargo, ha sufrido de ineficacia, corrupción e intimidación.
El Ministro de Gobernación es el encargado de la Policía Nacional Civil (PNC), la institución primordialmente responsable por la seguridad interna. No hay miembros activos de las Fuerzas Armadas en la estructura de mando de la policía, pero el gobierno ocasionalmente otorgó al Ejército la tarea de apoyar a la policía. La ley subordina al personal militar al control de la policía durante patrullajes u operaciones conjuntas. El Ejército es responsable de la seguridad externa, y la Constitución requiere que el Ministro de la Defensa sea oficial militar. La influencia del crimen organizado continuó siendo amplia, pero perdió fuerzas dentro del poder ejecutivo. Algunos miembros de las fuerzas de seguridad cometieron abusos de derechos humanos. Las autoridades civiles generalmente mantuvieron control efectivo de las fuerzas de seguridad.
La economía se basa en el mercado, y la población es de aproximadamente 12.1 millones. La confección de ropas, las exportaciones agrícolas no tradicionales y el turismo crecieron rápidamente, ganando más divisas que las exportaciones tradicionales de café, azúcar y banano. Las remesas de los ciudadanos en el extranjero, aproximadamente $2,500 millones, constituyeron la mayor fuente de divisas, y más del 30 por ciento de la población dependió de las remesas para aumentar el ingreso familiar más allá de la línea de pobreza. La ayuda extranjera también fue significativa. La tasa de crecimiento económico fue de aproximadamente 2.5 por ciento. Más del 50 por ciento de la fuerza laboral y 60 por ciento de los pobres se dedicaron a alguna forma de agricultura. La inflación se ubicó alrededor del 9.3%. La distribución de la tierra ha sido igualmente asimétrica: el 1 por ciento de las fincas contiene más de la tercera parte de toda la tierra cultivada. Hubo una disparidad marcada en la distribución de ingresos, y la pobreza ha estado ampliamente extendida, particularmente en la gran comunidad indígena. Aproximadamente el 57% del total de la población y el 71 por ciento de las personas en las áreas rurales viven en pobreza; el 22 por ciento de la población vive en pobreza extrema. El desempleo y subempleo combinados alcanzaron un estimado del 18%, y el 70 por ciento de la población estuvo empleada en el sector informal.
El Gobierno generalmente respetó los derechos humanos de sus ciudadanos. Sin embargo, hubo problemas muy serios en algunas áreas. Hubo informes creíbles de muertes ilegales de parte de las fuerzas de seguridad. No hubo informes comprobados de asesinatos motivados por la política. La ONU informó que continuaba la “limpieza social”. El número de linchamientos fue aproximadamente el mismo que el año anterior. El 19 de enero, la Corte Suprema reinstaló la condena a 30 años del Coronel Juan Valencia Osorio por el asesinato en 1990 de la antropóloga Myrna Mack Chang, que había sido anulada por una Sala de Apelaciones en 2003.
Hubo informes creíbles de la participación de agentes de la policía en secuestros por rescate. Las fuerzas de seguridad torturaron, abusaron y maltrataron a sospechosos y detenidos. Las condiciones carcelarias siguieron siendo durísimas. En la mayoría de los casos, los sistemas de fiscalía y judicial no han garantizado investigaciones amplias y oportunas, juicios justos o el debido proceso. El arresto arbitrario y largas detenciones previo a los juicios han sido problemas. Los jueces y otros funcionaros de la ley fueron objeto de intimidación y corrupción. La impunidad ha estado ampliamente extendida, aunque continuaron los esfuerzos por reformar el sistema judicial. Miembros de los medios fueron objeto de ataques e intimidación. El número de agresiones a miembros y empleados de organizaciones no gubernamentales (ONGs) se redujo ligeramente durante el año, aunque una organización recibió una amenaza significativa. La violencia aumentó y la discriminación contra la mujer continuó, así como el abuso social de niños y la discriminación contra personas con incapacidades e indígenas. El tráfico de personas fue un problema. Hubo informes de represalias de parte de patronos contra trabajadores que buscaban formar sindicatos y participar en actividades sindicales, y el Gobierno no hizo cumplir consistentemente las leyes para proteger a los trabajadores que ejercían sus derechos. Hubo empleo bastante extendido de menores en el sector informal.
Durante una ceremonia el 25 de febrero para el Día Nacional de Dignidad de las Víctimas de la Violencia, el Presidente Oscar Berger “relanzó” los Acuerdos de Paz de 1996 como agenda nacional y simbólicamente se disculpó ante los ciudadanos en representación del Estado por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto civil de 36 años.
En junio, la Administración Berger redujo el tamaño del Ejército de una fuerza autorizada de 27,214 a 15,500 elementos, eliminando 7 comandos y unidades militares de mayor importancia, y redujo el presupuesto militar a 0.33 por ciento del PIB, bien por debajo del techo requeridos en los Acuerdos de Paz de 1996. En agosto, el Ejército anunció públicamente una nueva doctrina, un punto central en el cual enfoca la importancia de proteger y promover los derechos humanos.
RESPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS
Sección 1 - Respeto por la Integridad de la Persona, Incluyendo Estar Libre de:
a. Privación Arbitraria o Ilegal de la Vida
No hubo muertes políticamente motividas de parte del Gobierno o sus agentes, pero las fuerzas de seguridad cometieron algunos asesinatos ilegales. El Gobierno capturó y llevó ante la justicia a algunos de los responsables, pero al igual que en el 97 porciento de los casos de homicidio en toda la nación, el débil sistema investigativo, de cumplimiento de la ley y de fiscalía evitó que el Gobierno investigara adecuadamente las muertes u otros crímenes o que arrestara y llevara con éxito ante la justicia a los perpetradores (ver Secciones 1.c y 1.d). MINUGUA informó de varios casos en que militares y funcionarios de la policía eran responsables de muertes, usualmente por motivos criminales. Durante el año, la Oficina de Responsabilidad Profesional (ORP) de la PNC investigó 51 denuncias de involucramiento policíaco en muertes.
En diciembre de 2003, dos elementos militares, Marvin Juan Luis y Floridalma Paz Gallardo, siguiendo órdenes del Coronel Luis Carvajal, ex Jefe de la Oficina de Protocolo del Ejército, asesinaron a tiros a la esposa de éste, Ingrid Lima de Carvajal. Los tres estaban en prisión a fines de año, esperando ser enjuiciados. Otros militares presuntamente amenazaron a la madre y hermana de la víctima en caso se adhirieran a la denuncia. Hubo otros informes de militares o agentes de la policía involucrados en muertes ilegales.
El 26 de enero, David Ixcol Escobar, un ex pandillero, denunció a la prensa que dos autos de la policía le habían cerrado el paso y que varios agentes lo habían amenazado de muerte. Al día siguiente, él y un amigo fueron encontrados muertos a tiros. Al día siguiente, un testigo de la muerte fue asesinado a tiros. El Ministerio Público abrió expediente en el caso de las amenazas contra Escobar, pero ni el Ministerio ni la ORP tenían antecedentes de una investigación de las muertes.
El 22 de julio, individuos desconocidos dieron muerte a tiros a Jesús Mendoza, primo de Otoniel De la Roca Mendoza (testigo del caso de 2000 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos –CIDH– sobre la desaparición del líder guerrillero Efraín Bámaca Velásquez). Algunos dirigentes de organizaciones de derechos humanos alegaron que la muerte estaba relacionada con el testimonio de De la Roca en 2000 ante la CIDH. A fin de año, las autoridades no habían capturado a nadie por el hecho.
El 31 de agosto, miembros de la PNC penetraron a la Finca Nueva Linda en Champerico, Retalhuleu para ejecutar una orden de desalojo de mil campesinos que habían ocupado la tierra ilegalmente. En el conflicto que siguió, 3 agentes de la policía y 7 trabajadores fueron muertos y más de 20 fueron heridos, incluyendo un agente de policía que murió posteriormente de sus heridas (ver Sección 1.c.).
La Unidad Especial para los Derechos Humanos formuló acusaciones a dos personas por la muerte en julio de 2003 de José Israel López, Procurador Auxiliar de los Derechos Humanos en el Departamento de Chimaltenango. A fin de año, ambos estaban en prisión esperando ser enjuiciados.
El 6 de octubre, el Juzgado Penal de Quiché encontró culpable y condenó a Miguel Xon Morales a 15 años de reclusión por la muerte en abril de 2003 de su primo, el activista de derechos humanos y sacerdote maya Diego Xon Salazar.
El septiembre, el caso de la muerte del sacerdote maya Gerardo Cano Manuel, ocurrida en mayo de 2003, fue cerrado, después de que el único testigo fuera asesinado.
No hubo progreso y no se esperaba ninguno en los siguientes casos: el tiroteo en 2002 entre miembros del Servicio de Investigación Criminalística (SIC) de la PNC y personal de inteligencia militar; los asesinatos en 2002 de Rudy Castillo y Erick García en Sumpango Sacatepéquez, presuntamente por la policía; o la muerte en 2002 de William Ruano Mayén.
La mayoría de los casos de asesinatos políticos de años anteriores continuaban sin resolverse en los tribunales nacionales, como los casos del ex candidato presidencial Jorge Carpio en 1993 y, en 2001, de Luis García, testigo del asesinato Gerardi en 1999. Hubo algún progreso en casos de muertes extrajudiciales por miembros de las fuerzas de seguridad, pero en muchos casos hubo poco o ningún progreso.
El 19 de enero, la Corte Suprema reinstaló la condena de 30 años contra el Coronel Juan Valencia Osorio por la muerte en 1990 de la antropóloga Myrna Mack Chang. Sin embargo, el 22 de enero Valencia Osorio escapó de la custodia policial mientras estaba bajo arresto domiciliar en espera de la reinstalación de su sentencia. Oficiales militares presuntamente colaboraron con la desaparación, y a finales de año Valencia continuaba sin captura. El 22 de abril, el Presidente presentó excusa oficial a la familia Mack. El Gobierno no había asignado los $779,000 en reparaciones a la familia Mack ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El 19 de abril, el Gobierno celebró una ceremonia en honor de José Mérida Escobar, el principal investigador del caso Mack que fue muerto en 2001 después de presentar pruebas contra Noel de Jesús Beteta.
Durante el año, fiscales del caso de asesinato del Obispo Juan Gerardi, Coordinador de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHAG), investigaron a diez o más sospechos de estar involucrados en el asesinato, en espera de una decisión sobre un recurso presentado a la Sala Tercera de Apelaciones solicitando que el Cuarto Juzgado Penal fuera recusado de oír el caso. El recurso dejó de tener significación cuando los miembros del Tribunal Penal fueron sustituidos después de la elección en octubre de una nueva Corte Suprema.
De acuerdo con MINUGUA, en 90 porciento de las más de 600 masacres cometidas durante el conflicto civil de 36 años el Gobierno nunca se investigó ni se enjuició a nadie. Sin embargo, hubo progreso en tres casos durante el año.
En abril, durante una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Gobierno aceptó responsabilidad por la masacre en 1982 en Plan de Sánchez, Baja Verapaz, en que el Ejército y grupos paramilitares armados (PACs) presuntamente mataron a 268 personas. La Corte dictaminó contra el Gobierno y le ordenó a pagar $8 millones (64 millones de quetzales) en reparaciones a los sobrevivientes.
El 9 de julio, el Tribunal de Sentencia de Cobán condenó a 14 militares, 1 teniente y 13 reclutas, a 40 años de prisión por el asesinato de 11 y lesiones a 33 civiles durante la masacre de Xamán en 1995.
El juicio de seis ex PAC por participación presunta en la masacre de Río Negro en 1982 en Rabinal, Baja Verapaz estaba programado para octubre (ver Sección 1.e.), pero fue postergado hasta principios de 2005 debido a errores procesales menores. A fin de año, la policía continuaba la búsqueda del ex Capitán del Ejército José Solares González por su presunta participación en la masacre.
El caso de la masacre militar en 1982 de 250 civiles en Dos Erres, Petén, permanecía inmovilizado en los tribunales por 36 mociones de apelaciones por la defensa.
A diferencia de 2003, las exhumaciones de cementerios clandestinos continuaron durante el año sin amenazas de importancia. Los científicos forenses han exhumado más de 2,857 restos de más de 321 sitios desde que las exhumaciones comenzaran en 1992. Durante el años, los científicos forenses exhumaron 433 restos de 71 sitios. Los equipos de exhumación han aumentado su productividad diez veces desde el comienzo de las operaciones en 1992, pero observaron que las demandas de exhumaciones aumentaron durante el año, y el trabajo podría continuar por varias décadas. La mayoría de los restos recuperados eran de víctimas civiles de matanzas militares o paramilitares a principios de los años de 1980. Los grupos forenses usaron la información obtenida de las exhumaciones para verificar denuncias de testigos presenciales de las masacres – de las cuales la Comisión para el Esclarecimiento Histórico anotó 669 – y atribuir responsabilidades. La investigación forense y pruebas de ADN identificaron algunos restos y fueron usadas en algunos casos criminales.
El 21 de abril, el juez español Baltazar Garzón presentó solicitud al Gobierno para que un juez tomara declaraciones al General retirado y ex Presidente de facto Efraín Ríos Montt, el General retirado Benedico Lucas García, el General retirado y ex Presidente Fernando Romeo Lucas García, el General retirado Angel Aníbal Guevara y otras cinco personas más acerca de las muertes sucedidas durante la toma de la Embajada de España en 1980 y la desaparición de cuatro sacerdotes españoles a principios de los 1980. El 1 de diciembre, la Corte Suprema asignó al juez penal Saúl Alvarez al caso. El 13 de diciembre, un tribunal mexicano emitió una orden de captura, a solicitud del Gobierno de España, del ex Ministro de Gobernación Donaldo Alvarez Ruiz, quien ha estado viviendo en México desde que el General Lucas García dejó el poder en 1982.
Después de un primer pago a las ex PAC en abril de 2003, en septiembre el Congreso aprobó una serie de tres pagos adicionales. El Congreso acordó pagar a cada ex miembro de las PAC aproximadamente $665 (5,241 quetzales) para fines de 2006. La sociedad civil y los observadores internacionales de los derechos humanos protestaron contra la indemnización, argumentando que las ex PAC habían estado involucrados en abusos de derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno y que los pagos restarían fondos de otras prioridades del gasto público. El 2 de noviembre, ex miembros de las PAC protestaron contra la falta de pago, cerrando carreteras, aeropuertos, puertos marítimos y demás infraestructura del transporte. El 24 de noviembre, el Ministerio Público emitió órdenes de captura para 15 personas implicadas en la organización de las protestas y por restringir el movimiento público. Varias organizaciones de derechos humanos presentaron recurso a la Corte de Constitucionalidad, cuestionando la legalidad de los pagos. La Corte no había emitido su sentencia a fin de año. Líderes de las PAC amenazaron públicamente a las organizaciones de derechos humanos por su oposición. En respuestas a las amenazas, el Gobierno prestó protección policial a las organizaciones.
El 6 de julio, el Presidente Berger formalmente dio posesión a Rosalina Tuyuc, presidenta de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala –CONAVIGUA–, organización que representa a las viudas y huérfanos del conflicto civil, como Presidente de la Comisión Nacional de Resarcimiento. La Comisión también estaba integrada por siete miembros de la sociedad civil y numerosas entidades gubernamentales. Berger presentó a Tuyuc un cheque por $3.75 millones (30 millones de quetzales), el primer pago de hasta $37.5 millones (300 millones de quetzales) que el Gobierno se había comprometido a distribuir anualmente a las victimas del conflicto civil durante un período de 13 años; para un máximo de $487 millones (3,900 millones de quetzales) en total. MINUGUA emitió un informe durante el año, identificando el apoyo continuado del Gobierno para el financiamiento apropiado de reparaciones como indicador importante de su compromiso con los derechos humanos.
En algunos casos reportados en 2003, las pruebas no fueron suficientes para concluir que las muertes acontecidas estaban políticamente motivadas. En octubre de 2003, un miembro del Partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) fue asesinado a tiros por dos individuos mientras asistía a un mitin político de la UNE en su sede en Jalapa. Dos sospechosos fueron capturados y condenados, pero las condenas fueron declaradas nulas en apelación. El 5 de octubre, el Juzgado Segundo Penal encontró al ex alcalde de San Cristobal Verapaz, Hugo Cal Cojoc, culpable del asesinato de 2003 del miembro del Partido Unionista, Byron Vladimir Jom. Cal Cojoc fue sentenciado a 15 años de reclusión.
No hubo progreso y no se esperaba ninguno en la muerte en 2002 de Jorge Rosal, líder regional del Partido Patriota.
El 24 de junio, un tribunal sentenció a Ever López Gómez y Billy René Barrios a 9 y 19 años, respectivamente, por la muerte en 2002 de Guillermo Ovalle, contador de la Fundación Menchú (ver Sección 4).
En agosto, la ONU reportó que seguían ocurriendo actos de “limpieza social”. La violencia contra los niños de la calle disminuyó significativamente (ver Sección 5). Hubo múltiple denuncias de mujeres torturadas, desaparecidas y asesinadas (ver Sección 5).
La PDH reportó que hubo 17 intentos de linchamiento, en los que 5 víctimas murieron y 12 sufrieron lesiones, en comparación con 18 intentos que resultadon en 14 muertes en todo el año 2003. La mayoría tuvo lugar en áreas rurales indígenas en que el sistema de justicia es menos accesible. Los activistas de los derechos humanos atribuyeron la reducción de linchamientos en 2003-2004 (en comparación con 147 por año en promedio en 2000-2002) a la intervención de individuos o funcionarios gubernamentales que habían recibido capacitación sobre el imperio de la ley.
b. Desapariciones
No hubo informes de desapariciones políticamente motivadas, pero hubo alegaciones creíbles del involucramiento de la policía en secuestros por rescate. Durante el año, la ORP investigó a once agentes de la policía por involucramiento en secuestros. Un oficial fue encontrado culpable y despedido. Pendían sobre él cargos criminales a fin de año. Las investigaciones de los otros oficiales continuaban a finales del año. La Unidad del Crimen Organizado de la Fiscalía reportó que elementos de la PNC estaban involucrados en once casos de secuestro, a veces en colaboración con grandes organizaciones criminales.
El 4 de mayo, oficiales de la PNC capturaron al ex agente de policía Arnulfo Girón Lima bajo acusaciones de involucramiento en el secuestro del sobrino de Lizardo Sosa, Presidente del Banco de Guatemala. La ORP también investigó a seis otros oficiales en relación con el caso. Girón Lima seguía bajo investigación a fin del año (ver Sección 5).
No hubo progreso y no se esperaba ninguno en la detención ilegal por agentes del DOAN y posterior desaparición de Humberto Orellana Sis.
c. Tortura u Otro Castigo Cruel, Inhumano o Degradante
La Constitución prohibe estas prácticas. Sin embargo, hubo denuncias creíbles de tortura, abusos y otros malos tratos por miembros de la PNC durante el año. Estas denuncias típicamente involucraban el uso de fuerza excesiva durante operaciones policiales y acoso o encarcelamiento arbitrario de trabajadoras del sexo comercial, personas sospechadas de ser pandilleros, y otros objetivizados durante esquemas de extorsión. Hubo denuncias creíbles de que detectives del Servicio de Investigación Criminalística (SIC) torturaron y golpearon a detenidos durante la interrogación a fin de obtener confesiones. Durante el año, la ORP de la PNC investigó 2,088 casos de mala conducta policial. La PNC destituyó a 506 agentes por mala conducta, pero el Ministerio Público, o Fiscalía, rara vez ha llevado a estos oficiales despedidos ante la justicia.
Hubo denuncias creíbles que oficiales de la PNC y/o personas disfrazadas de policía detuvieron automóviles y buses para exigir sobornos o robar propiedad privada. En algunos casos, los supuestos policías asaltaron y violaron a las víctimas.
El 8 de enero, ocho agentes de la Comisaría 12 en Ciudad de Guatemala amenazaron, robaron y golpearon violentamente a Sergio Vásquez Hernández. La investigación interna de la ORP encontró al comandante de la Comisaría y tres agentes responsables de robo y agresión. A fin de año, un agente fue sentenciado y condenado a 12 años de prisión, pero no hubo suficiente evidencia para formular cargos a los otros involucrados.
Cuatro hombres afirmaron que el 6 de marzo dos agentes de la policía de la Comisaría 16 los detuvieron ilegalmente y los maltrataron después de que se negaran a pagar dinero de extorsión a los agentes. La ORP llevó a cabo una investigación interna, pero no encontró evidencia para apoyar las acusaciones. Los agentes presuntamente involucrados fueron ascendidos y transferidos.
El 8 de marzo, tres agentes de la Comisaría 12 detuvieron y golpearon a Mynor Alvarado de León, defensor de los derechos humanos del Centro de Acción Legal de Derechos Humanos (CALDH). De acuerdo con MINUGUA, Calderón fue acusado de asesinato y permaneció en prisión por casi cinco meses, aunque la evidencia balística y otras pruebas demostraron su inocencia. Los agentes involucrados no han sido investigados. En octubre, CALDH presentó un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Alvarado y violaciones de derechos humanos en el sistema carcelario nacional.
Aunque el Ministerio Público investigó algunos casos de policías involucrados en asaltos, no recibió ningun denuncia y por lo tanto no investigó casos específicos de agentes involucrados en torturas.
Casa Alianza informó que el número de incidentes de muerte y abuso de niños de la calle había disminuido durante el año (ver Secciones 1.a. y 5).
De enero a 8 de junio, el Gobierno cumplió con 30 órdenes de desalojo forzado de fincas que estaban ilegalmente ocupadas. Durante por lo menos 12 de estos desalojos, hubo informes creíbles de que la policía usó fuerza excesiva, incluyendo golpes a civiles, quema de casas y cultivos y causando la muerte de animales. El 67 por ciento de los desalojos fueron llevados a cabo en Alta y Baja Verapaz, áreas altamente agrícolas. En 45 por ciento de los desalojos, los civiles mencionaron conflictos laborales como motivo de sus invasiones ilegales de las fincas. Fuerzas de seguridad privada, trabajando para los propietarios de las fincas, también participaron ilegalmente en varios desalojos. El 8 de junio, miles de campesinos llevaron a cabo una protesta nacional contra la distribución de la tierra en el país y los desalojos violentos. El Gobierno decidió suspender todos los desalojos por 90 dias, en espera de un analisis a profundidad de las disputas existentes por la tierra y las invasiones. Para fines de año, ninguno de los 89 casos existentes de invasiones de tierras había sido resuelto, aunque el conflicto de María Lourdes estaba en negociación. La Comisión Nacional de Conflictos Agrarios había resuelto 121 conflictos, 22 de los cuales involucraban invasiones, para fin de año.
El 31 de agosto, miembros de la PNC ingresaron a la Finca Nueva Linda en Champerico, Retalhuleu para ejecutar orden de tribunal a fin de desalojar a mil campesinos que ilegalmente ocupaban la propiedad. Los campesinos invadieron la finca en octubre de 2003 para protestar por la falta de investigación sobre la desaparición, y sospecha de muerte, de Héctor Reyes Pérez, administrador de la finca y su supervisor, en septiembre de 2003. En el conflicto que siguió, tres agentes de la policía y siete trabajadores murieron y más de veinte fueron heridos, incluyendo un agente que posteriormente murió por sus heridas. Durante el desalojo, la policía atacó a algunos periodistas que cubrían el evento (ver Sección 2.a.). Los periodistas afirmaron que habían visto a la policía cometer por lo menos tres muertes ilegales durante el desalojo. A raíz de Nueva Linda, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, la Procuraduría de Derechos Humanos y la Oficina de Responsabilidad Profesional de la Policía Nacional llevaron a cabo investigaciones y emitieron informes sobre la operación. En su informe, la Comisión de Derechos Humanos dijo que no podía confirmar ni negar las acusaciones de muertes ilegales debido a que el especialista forense no podía determinar las causas de muerte de los campesinos muertos. La Comisión culpó a todas las personas involucradas en el incidente : al Ministerio Público por no investigar la desaparición del administrador; a la PNC por su poca preparación para el desalojo; a los líderes campesinos por exacerbar el conflicto por motivos personales; y al Gobernador de Retalhuleu, Carlos Quintana Saravia, por favoritismo hacia los terratenientes y abuso de poder.
Las condiciones carcelarias siguieron siendo durísimas. El sistema carcelario padeció una severa falta de recursos, particularmente en las áreas de seguridad carcelaria y facilidades médicas. De acuerdo con el registro llevado por el sistema carcelario, hubo 8,698 personas detenidas en 40 prisiones y cárceles diseñadas para acomodar a 6,974. Dieciocho de los 40 centros son prisiones nacionales, que acomodaron a 7,854 del total de convictos y detenidos; los otros 22 son centros de detención en espera de juicio, administrados por la PNC. Aproximadamente el 60 por ciento de la población carcelaria nacional estaba en detención esperando ser llevados a juicio. La relación promedio de guardia a recluso era de 1 a 18.
Los presos continuaron quejándose de alimentación y atención médica inadecuadas. La corrupción, especialmente relacionada con las drogas, fue amplia. Los oficiales de las cárceles reportaron intentos de fuga frecuentes y otras manifestaciones de inquietud entre los reclusos. Los militares continuaron brindando la seguridad perimetral de varias cárceles.
Los medios informaron que las autoridades penitenciarias mantuvieron a un recluso en una jaula de 45 pies cuadrados durante 18 meses. El preso fue mantenido sin cama y sólo se le permitía salir una vez por día. Como resultado de una visita del Relator de la OEA al sistema penitenciario, el recluso pasó a ocupar un cuarto más grande, pero permaneció en aislamiento.
Desde enero hasta 1 de octubre, el sistema penitenciario reportó 2 muertes debido a causas no naturales y 11 debido a causas naturales (incluyendo SIDA, hepatitis crónica y tuberculosis).
Las 442 reclusas en el sistema penal fueron mantenidas en instalaciones separadas de los hombres, pero en condiciones igualmente pobres. Algunas instalaciones penitenciarias permitieron que los niños menores de las detenidas vivieran con sus madres, aunque los niños recibieron cuidados mínimos. Las instalaciones de detención de la Dirección de Migración no siempre mantuvieron a las detenidas separadas de la población masculina.
Los ofensores juveniles eran mantenidos separadamente de los adultos. La Secretaría de Bienestar Social administra cuatro Centros para el Tratamiento y Orientación de Menores, uno para las jóvenes y otros tres para los hombres menores. Los oficiales carcelarios reportaron por lo menos tres motines en las instalaciones juveniles para protestar por cuestiones que iban desde un cambio de administración hasta demandas de mejor alimentación.
Los centros de detención de la PNC fueron diseñados para mantener únicamente a detenidos en espera de juicio, pero en algunas ocasiones estos detenidos fueron mantenidos en las penintenciarías nacionales donde no siempre estuvieron separados de los convictos. Aunque hay secciones de las cárceles nacionales designadas para mantener únicamente a individuos convictos de faltas menores, aquellos cumpliendo condenas por infracciones menores fueron a veces mantenidos con aquellos que cometieron graves delitos. Aproximadamente 22 presos en detención previo a juicio en casos de corrupción de alto nivel, principalmente ex funcionarios de la administración anterior, fueron mantenidos en instalaciones separadas en que tenían más espacio que el preso común.
El Gobierno permitió visitas de observadores independientes de los derechos humanos, defensores públicos, grupos religiosos y miembros de las familias, y dichas visitas se llevaron a cabo todo el año.
d. Arresto o Detención Arbitrarias
La ley prohibe el arresto y la detención arbitrarios. Sin embargo, hubo informes creíbles de capturas sin orden judicial, detenciones ilegales y falta de adhesión a los límites de tiempo prescritos en los procedimientos legales. En la práctica, los oficiales que practicaban los arrestos dejaron de satisfacer los requisitos legales, particularmente con menores y miembros de las pandillas.
El país está dividido en 6 distritos policiales, cada uno subdivido en 28 comisarías. Hay cuatro unidades especiales, encabezados por oficiales de la policía, para: información e inteligencia; antinarcóticos; investigaciones, y cumplimiento ambiental. El Director General, nombrado por el Presidente, encabeza la PNC. Desde su inicio, la PNC, con 21,400 elementos, ha tenido escaso personal, ha estado pobremente capacitada y ha padecido falta severa de fondos. El 22 de julio, 2,500 oficiales de la PNC, reunidos de todo el país en la Academia de la Policía para iniciar patrullajes de 24 horas con elementos militares en áreas peligrosas de la capital, protestaron contra las malas condiciones de vida en la Academia (donde los oficiales de fuera de la capital deberían de ser albergados indefinidamente) y la pobre planificación logística para el patrullaje. Durante las protestas, un oficial presuntamente se suicidó, aunque hay alguna evidencia que sugiere que fue ejecutado.
La corrupción policial fue un problema, y hubo acusaciones creíbles de participaciónde agentes individuales en actividades criminales, incluyendo violaciones de mujeres, asesinatos y secuestros. En vez de llevar a sus oficiales a juicio, la PNC a menudo los transfería a otras partes del país. La impunidad policial siguió siendo un problema grave.
La policía a veces amenazó a las trabajadoras del sexo comercial con falsas acusaciones de posesión de drogas para extorsionar dinero y/o favores sexuales. La policía a veces hostigó a los homosexuales o transvestís con similares amenazas de cargos falsos. Personas sospechosas de ser pandilleros a veces fueron encarceladas sin ningún cargo o con cargos falsos de posesión o tráfico de drogas. A los detenidos no siempre se les informóde los cargos formulados contra ellos.
Oficiales de migración y de la policía a menudo sometieron a las personas que intentaban ingresar al país ilegalmente a extorsión o malos tratos. Muchos observadores creen que este mal trato no fue reportado en toda su dimensión.
Todos los miembros de la PNC deben satisfacer requisitos mínimos de educación, aprobar un examen de admisión, y ser sometidos a investigación para detectar a aquellos sospechosos de ser violadores de los derechos humanos y de estar involucrados en actividades delictuosas. Durante el año, el programa de capacitación de los nuevos reclutas fue extendido de 6 a 11 meses. El Ministerio de Gobernación también aumentó el estipendio de los estudiantes en la academia de la policía, de $62.50 a $100 (500 a 800 quetzales). La capacitación de la policía incorporó cursos sobre derechos humanos y ética profesional en el curriculum, pero ninguno de los 20,000 agentes capacitados desde 1997 ha recibido capacitación de actualización. El Ejército continuó incorporando la capacitación en derechos humanos en sus programas de estudio y desarrolló cursos sobre derechos humanos con el Procurador de los Derechos Humanos. Se requirió a los oficiales de asuntos civiles en cada comando a planificar y documentar la capacitación sobre derechos humanos impartida a los soldados. Una oficina de derechos humanos dentro del Ministerio de la Defensa fue abierta con el fin de activar la participación de la comunidad de derechos humanos.
Hubo 21,382 agentes de la PNC en total lo cual significa 1 agente por cada 560 personas. La presencia fuera de la capital mejoró, pero aproximadamente las dos terceras partes de estos distritos policiales no contaban con suficiente personal. Un informe del PNUD de 2003 calculaba que únicamente 5,000 agentes estaban de servicio en cualquier momento, en todo el país, después de contabilizar a los agentes suspendidos, con licencia médica, en vacaciones, o en servicio en las embajadas o protección personal. La PNC reportó que 3,015 de sus agentes eran indígenas.
De acuerdo con el Ministerio de Gobernación, aproximadamente 110,000 guardias de seguridad privada, de los cuales 60,000 no estaban autorizados, trabajaban en el país. De acuerdo con la Gremial Federación y Asociación de Seguridad, aproximadamente la mitad trabajaba para empresas que no han completado los requisitos legales y que son propiedad de ex militares y ex policías. El 9 de octubre, el Ministro del Interior, Carlos Vielmann, suspendió la autorización de nuevas empresas de seguridad.
La ORP de la PNC efectúa investigaciones internas de mala conducta de parte de los oficiales de la policía. La ORP tiene un fuerte cuerpo de investigadores y ha demostrado una mejoría considerable de profesionalismo, pero su independencia y su eficacia fueron obstaculizados por la falta de recuros materiales y la ausencia de cooperación de otras unidades de la PNC. En casos aislados, los investigadores han parecido participar en el encubrimiento de mala conducta de parte de la policía. La ORP informó que recibió 2,088 denuncias, incluyendo 51 casos de homicidio, 306 casos de abuso de autoridad, 360 robos, 343 casos de corrupción o soborno, 145 amenazas y 69 detenciones ilegales. Casos con suficiente evidencia para indicar que se habían cometido actos delictivos fueron elevados al Ministerio Público para su investigación y prosecución, pero los casos rara vez fueron a los tribunales. Durante el año, la ORP cerró 1,062 casos, y sus investigaciones resultaron en la destitución de 506 y exoneración de 433 oficiales.
MINUGUA ensalzó, en enero, el establecimiento del Tribunal Disciplinario de la PNC como un avance en el control y supervisión de las actividades policiales y ética profesional. Para el 1 de septiembre, el Tribunal había resuelto 19 de los 26 casos graves de abuso policial, aplicando sanciones a 18 agentes y exonerando a 19, después de investigaciones de la ORP.
No hubo ningún miembro activo del Ejército sirviendo en la estructura de mando de la policía. El Gobierno empleó a los militares temporalmente en respuesta al aumento del crimen violento. En julio, el Ministro de Gobernación ordenó operaciones conjuntas de la policía y el Ejército en 40 zonas rojas, áreas con las más elevadas tasas de crimen en la capital. Las organizaciones de los derechos humanos observaron que el Gobierno pudo hacer más para fortalecer la institucionalidad policial en vez de desplegar a los militares en operaciones conjuntas.
La Constitución requiere que una orden de arresto emitida por un tribunal sea presentada a un sospechoso antes de ser arrestado, a menos que sea sorprendido cometiendo un acto criminal. La policía no podrá detener a un sospechoso por más de 6 horas sin llevar el caso a un juez. Una vez que el sospechosos ha sido instruido de cargos, el fiscal generalmente tiene 3 meses para completar sus investigaciones y llevar el caso a los tribunales o pedir una prórroga formal del período de detención. La ley estipula que habrá acceso a abogados y libertad bajo fianza para la mayoría de los delitos.
No hubo datos confiables sobre el número de detenciones arbitrarias, aunque la mayoría de los relatos estuvieron de acuerdo con que las fuerzas policiales rutinariamente hicieron caso omiso de órdenes de habeas corpus en casos de detenciones ilegales. Se reportó que la policía detenía a los niños de la calle y personas sospechosas de ser pandilleros para retirarlos de la calle durante el período de 3 meses de encarcelamiento permitido durante las investigaciones. La mayoría de estos detenidos no contaba con suficientes fondos para pagar la fianza y por lo tanto eran obligados a permanecer encarcelados.
La ley fija un límite de 3 meses para la detención previo a juicio, pero con frecuencia los presos eran detenidos más allá de la fecha de juicio o libertad, a veces por años. Durante el año, el 60 por ciento de aquellos encarcelados estaban en detención previa a juicio. Los presos no fueron liberados oportunamente después de cumplir sus condenas debido a que los jueces no emitieron las órdenes necesarias o debido a otros problemas burocráticos.
e. Denegación de Juicio Público Imparcial
La Constitución estipula un organismo judicial independiente. Sin embargo, el sistema judicial a menudo dejó de impartir juicios justos debido a la ineficiencia, la corrupción, falta de personal y fondos e intimidación de jueces y testigos. El informe final de MINUGUA indicó que “la impunidad judicial sigue siendo más la norma que la excepción”. La gran mayoría de delitos graves siguen sin ser mínimamente investigados o castigados. Muchos casos de derechos humanos de alto perfil continuaban pendientes en los tribunales por largos períodos debido a que los abogados de la defensa empleaban númerosas apelaciones y mociones dilatorias. Los tribunales a veces se llevaron meses para resolver apelaciones obviamente frívolas. Hubo numerosas alegaciones creíbles de corrupción, manipulación e intimidación en el sistema judicial. Hubo informes creíbles de asesinato y amenazas a testigos, que continuaba siendo un problema (ver Secciones 1.a. y 1.c.).
Menos del 3 por ciento de los crímenes cometidos fueron llevados a los tribunales y significativamente menos recibieron condenas.
La Corte Suprema continuó en sus esfuerzos por suspender a jueces y llevar a cabo investigaciones por deshonestidades o irregularidades en casos bajo su jurisdicción. La Unidad de Disciplina Judicial investigó y practicó audiencias por 112 de las 535 denuncias de deshonestidad que recibió, con el resultado de que 65 fueron encontrados sin fundamento, 17 magistrados recibieron amonestaciones escritas o verbales, 22 jueces fueron suspendidos, y los demás casos estaban siendo investigados a fin de año.
En sus esfuerzos por investigar crímenes y llevar a los delicuentes a los tribunales, el Ministerio Público ha sido obstaculizado por capacitación y equipo inadecuados, excesiva carga de casos e insuficientes investigadores calificados. Los fiscales seguían siendo susceptibles a la intimidación y a la corrupción. Además, el hecho de que la ley no define cuáles son las responsabilidades de la PNC y cuáles las del Ministerio Público por investigar los crímenes condujo a rivalidades entre estas dos organizaciones, así como la duplicidad de esfuerzos investigativos. Se estima que únicamente el 3 por ciento de aproximadamente 250,000 denuncias presentadas al Ministerio Público al año llegaron a los tribunales. El presupuesto del Ministerio Público del año era de $57 millones (458 millones de quetzales), un aumento del 22 por ciento en comparación con el año 2003, aunque el Fiscal General Juan Luis Florido declaró que esta suma seguía siendo insuficiente.
El 24 de febrero, el Presidente Berger destituyó al Fiscal General Carlos De León por pobre desempeño. Muchos dirigentes de los derechos humanos aplaudieron el retiro de De Leon, a quien se había sospechado de corrupto, pero siguen preocupados respecto de cómo funciona el sistema de justicia. Bajo el nuevo Fiscal General Juan Luis Florido, el Ministerio Público abrió una serie de investigaciones de esquemas de corrupción que involucraban a funcionarios de gobierno, civiles y militares de la anterior administración.
El Ministerio Público y el Organismo Judicial continuaron con sus esfuerzos por reformar el sistema judicial. Veinte centros de justicia, reuniendo a jueces, defensores públicos, fiscales, abogados particulares, policía, representantes municipales y la sociedad civil en un enfoque de equipo a la resolución de disputas y problemas, prestó un servicio público eficiente. Las oficinas de los oficiales de los tribunales mejoraron el procesamiento de casos, aumentaron la transparencia, mejoraron el servicio al cliente y virtualmente eliminaron la corrupción en el manejo local de casos. Un sistema análogo fue inaugurado en Ciudad Guatemala en la Unidad de Insumo de Casos de la Fiscalía. En la Unidad de Víctimas de la Fiscalía en la capital, médicos y enfermeras estaban accesibles las 24 horas del día para ayudar a las víctimas de violación y otros crímenes y para reunir evidencia para sus casos (ver Sección 5). Unidades similares operaron en todos los departamentos del país.
El Organismo Judicial está compuesto por la Corte Suprema, Salas de Apelaciones, Tribunales de Sentencia, jueces de instrucción (que funcionan como grandes jurados). Hay también tribunales de jurisdicción especial, como tribunales de trabajo y tribunales de familia, que también están bajo la dirección de la Corte Suprema. La Corte de Constitucionalidad, que examina la legislación y decisiones judiciales por compatibilidad con la Constitución, es independiente del resto del sistema judicial. Había varios tribunales comunitarios en áreas rurales indígenas.
La Constitición requiere que el Congreso elija a todos los magistrados de la Corte Suprema y Salas de Apelación cada cinco años con base en listas preparadas por paneles compuestos de magistrados activos, representantes del Colegio de Abogados, decanos de las facultades de derecho y rectores universitarios. Las elecciones tuvieron lugar en octubre.
Los jueces y fiscales continuaron recibiendo amenazas con el fin de influir en sus decisiones en casos pendientes o castigarlos por decisiones pasadas. Las amenazas de muerte y la intimidación fueron comunes en casos que involucraban violaciones a los derechos humanos. Los testigos a menudo estuvieron demasiado intimidados para testimoniar. Demandantes, testigos, fiscales y juristas involucrados en casos de alto perfil contra miembros del Ejército o la policía reportaron amenazas, intimidación y seguimiento. Aquellos involucrados en casos de corrupción gubernamental también fueron objetivizados.
A algunos jueces se les negó el seguro de salud y de vida privado porque sus profesiones eran demasiado peligrosas. Entre enero y agosto, el Ministerio Público tenía aproximadamente 50 personas en su programa de protección a testigos. Para octubre, el Fiscal Especial de Delitos contra Personal Judicial había investigado 80 casos, en comparación con 114 en 2003, pero le faltaba el personal y los recursos necesarios para cumplir con su misión. De enero a octubre, cuatro trabajadores de la justicia, incluyendo dos jueces, fueron asesinados y otros seis fueron víctimas de intento de asesinato, y dos fueron heridos gravemente con arma de fuego.
En julio, los testigos de la masacre de Plan de Sánchez ocurrida en 1982 que habían testimoniado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos comenzaron a recibir amenazas de muerte (ver Sección 4).
Los testigos de la masacre de Río Negro en 1982 y abogados del caso recibieron numerosas amenazas en los meses antes de la apertura del juicio el 19 de octubre de seis ex PAC; tres fueron sentenciados en 1998 (ver Sección 1.a.).
Durante el verano y el otoño, el Fiscal Especial de Derechos Humanos de la Procuraduría de los Derechos Humanos formalizó acusación a 20 personas por incitar a los motines del Jueves Negro de julio de 2003 en apoyo del ex General Efraín Ríos Montt y su candidatira presidencial. El periodista Héctor Ramírez murió de un ataque al corazón durante los motines. Ríos Montt, Secretario General del FRG, permaneció bajo arresto domiciliar por su presunto papel en los motines. Además, la Corte Suprema dijo que determinaría si levantaba la inmunidad de cuatro congresistas y dos alcaldes. Muchos testigos se negaron a testimoniar por temor a represalias (ver Sección 4.).
El 11 de marzo, una ex Fiscal Especial de Derechos Humanos fue seguida y detenida por dos individuos, que se identificaron como miembros del Ejército y la amenazaron con relación a la investigación del Jueves Negro.
La Ley de Carrera Judicial regula el ingreso, términos de empleo, ascensos, capacitación, disciplina y otras actividades de los jueces y magistrados y require como obligatorio un curso de capacitación de seis meses para todos los jueces de nuevo nombramiento. El Consejo de la Carrera Judicial revisa las evaluaciones de desempeño de los jueces y recibe denuncias contra personas en el sistema judicial. El Consejo es responsable por seleccionar a los jueces y por disciplinarlos de acuerdo con los criterios de la ley respecto de sanciones.
El 22 de julio, Jesús Mendoza, primo de Otoniel de la Roca Mendoza, testigo en el caso Bámaca, fue muerto a tiros (ver Sección 1.a.).
El Código Penal estipula presunción de inocencia, el derecho de estar presente en juicio, el derecho a un abogado, el derecho a confesión compensada y la posibilidad de libertad bajo fianza. Los juicios son públicos, permitiendo a las víctimas, miembros de la familia y grupos de derechos humanos observar el proceso. Mesas de tres jueces dictan el veredicto. El Código Procesal Penal establece el juicio oral, pero sólo aquellos abogados graduados desde 1994 tienen una real capacitación en juicios orales. El Código también establece que habrá interpretación para aquellos que la requieran. Sin embargo, esa disposición fue raramente cumplida debido a limitaciones presupuestarias y otras (ver sección 5). El Ministerio Público, que es semi-independiente del Organismo Ejecutivo, podrá iniciar procedimientos penales por sí solo o en respuesta a una denuncia. Los particulares podrán participar en la prosecución de casos criminales como codemandantes. Las largas investigaciones y frecuentes mociones procesales por la defensa y los fiscales con frecuencia condujo a la deteción excesivamente larga (ver Seección 1.d.). Los tribunales mostraron poca disponibilidad para ejercer su discreción en el rechazo de mociones frívolas u obviamente inválidas. Como consecuencia, las partes usaron de dichas mociones como tácticas dilatorias, con frecuencia inmovilizando los juicios por meses o años.
El presupuesto de la Corte Suprema del año era de $106 millones (852 millones de quetzales), un aumento del 9.1 porciento en comparación con el 2003.
No hubo prisioneros políticos. El 19 de agosto, un tribunal absolvió de todos los cargos de malversación en el Instituto de Seguridad Social al líder sindical Rigoberto Dueñas, quien estuvo encarcelado por más de 14 meses. Varios ex funcionarios de gobierno, incluyendo al ex Vice Presidente Reyes López y al ex Ministro de Finanzas Weymann, afirmaron que los cargos contra ellos tenían una motivación política.
f. Interferencia Arbitraria con la Privacidad, Familia, el Hogar o la Correspondencia
La Constitución prohíbe dichas acciones. Sin embargo, hubo denuncias de que las autoridades a veces hicieron caso omiso de estas prohibiciones. Hubo denuncias no comprobadas de que algunos militares y ex personal militar continuaban monitoreando las comunicaciones privadas. Se sospechó de la participación de ex miembros de las fuerzas de seguridad en allanamientos de los hogares de defensores de los derechos humanos durante el año. El Ministerio Público investigó una serie de casos, pero no pudo identificar a sospechosos con fines de prosecución.
Sección 2 - Respeto por las Libertades Civiles, Incluyendo:
a. Libertad de Expresión y de Prensa
La Constitución establece la libertad de expresión y de prensa. El Gobierno generalmente respetó estos derechos en la práctica. Sin embargo, hubo denuncias creíbles de que miembros de los medios de comunicación social fueron objeto de ataques, amenazas e intimidación de parte de personas no identificadas. El Procurador de los Derechos Humanos reportó 40 casos de intimidación contra periodistas hasta el mes de octubre, en comparación con 90 durante el 2003.
Además de la crítica regular y abierta a las políticas de gobierno, la prensa escrita publicó comunicados de organizaciones de derechos humanos, sindicatos y grupos opuestos al Gobierno y sus políticas. La prensa criticó a los militares y otros sectores poderosos y también regularmente publicó reportajes sobre presuntos traficantes de drogas, la corrupción oficial y redes clandestinas de inteligencia.
Durante el desalojo de tierras en Nueva Linda el 31 de agosto, la policía golpeó a por lo menos tres periodistas de Nuevo Diario y Xcable y confiscó equipo de los medios (ver Secciones 1.a., 1.c y 4).
En mayo, Héctor Ramírez y David Hernández Rubio, hijos del periodista Héctor Ramírez, quien sufrió un ataque fatal al corazón durante los motines de julio de 2003, pidieron a la CIDH protección personal a raíz de una serie de amenazas en contra de su familia (ver Secciones 1.a. y 4). A fin de año, los hermanos formularon cargos contra el General retirado Ríos Montt y ex funcionarios del gobierno anterior por la muerte de su padre. El 19 de mayo, dos hombres atacaron y golpearon a Hernández.
El Ministerio Público acusó a dos sospechosos por el allanamiento ilegal de la casa del editor del diario El Periódico, José Rubén Zamora. El caso fue programado para ir a juicio en 2005.
b. Libertad de Reunión y Asociación Pacíficas
La Constitución establece la libertad de asamblea y asociación. El Gobierno generalmente respetó estos derechos en la práctica.
Las manifestaciones pacíficas fueron comunes. Hubo numerosas protestas por una variedad de grupos en todo el país para manifestar contra una variedad de asuntos. Sin embargo, por lo menos en tres ocasiones las manifestaciones se tornaron violentas. La policía generalmente actuó con moderación, pero a veces hubo acusaciones de uso innecesario de la fuerza o, a veces, falta de acción.
El 13 de agosto, más de cinco mil personas participaron de una “Marcha Contra la Violencia” nacional, organizada principalmente por la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Iglesia Católica.
c. Libertad de Culto
La Constitución estipula que habrá libertad de culto y el Gobierno generalmente respetó este derecho en la práctica. No hay religión de estado, aunque la Constitución explícitamente reconoce la condición legal separada de la Iglesia Católica.
El Gobierno no subsidió a grupos religiosos. Los miembros de una religión no tienen que registrarse para practicar el culto juntos. Sin embargo, el Gobierno requiere que las congregaciones religiosas (aparte de la Iglesia Católica), así como otras asociaciones no religiosas y ONG’s, se inscriban como entidades legales para poder operar.
Practicantes de la espiritualidad maya fueron víctimas a veces de discriminación y agresión de parte de otras denominaciones religiosas, particularmente denominaciones protestantes conservadoras en las áreas rurales.
Para una discusión más detallada, ver el Informe de International Religious Freedom de 2004.
d. Libertad de Locomoción Dentro del País, Viajes al Extranjero, Emigración y Repatriación
La Constitución establece estos derechos y el Gobierno generalmente los respetó en la práctica.
La Constitución prohíbe el exilio forzado, y el Gobierno no hizo uso de él. Sin embargo, el exilio auto-impuesto fue la respuesta ocasional de ciudadanos que se sentían amenazados o intimidados.
La Constitución otorga el asilo o condición de refugiado, de acuerdo con la Convención de 1951 de las Naciones Unidas sobre la Calidad de Refugiados o su Protocolo de 1967, y el Gobierno ha establecido un sistema para prestar protección a los refugiados. En la práctica el Gobierno brindó protección contra el retorno de personas a un país en que temieran la persecución. El Gobierno concedió calidad de refugiados o asilo. El Gobierno cooperó con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados y otras organizaciones humanitarias en la prestación de ayuda a refugiados.
Sección 3 - Respeto a los Derechos Políticos: el Derecho de los Ciudadanos a Cambiar su Gobierno
La Constitución establece que los ciudadanos tienen el derecho de cambiar su gobierno pacíficamente, y los ciudadanos ejercieron este derecho en la práctica a través de elecciones periódicas, libres y justas celebradas en base del sufragio universal para aquellos de 18 años o más. El voto es secreto. Los miembros de las fuerzas armadas y la policía no pueden votar.
En las elecciones de segunda vuelta para presidente en diciembre de 2003, Oscar Berger de la coalición GANA ganó un mandato de 4 años con aproximadamente el 54% de los votos. En el período antes de las elecciones, por lo menos 29 candidatos a puestos menores fueron asesinados y ocurrieron varios incidentes de violencia (ver Sección 1.a.). A pesar de algunas irregularidades menores en el padrón electoral, la misión internacional de observación de la Organización de Estados Americanos calificó las elecciones como libres y justas, con la presencia del 56% de los votantes en la primera vuelta y 49 por ciento en la segunda.
Los votantes eligen el Congreso de una sola cámara, con 158 diputados, cada 4 años. Los diputados son electos tanto de distritos como de un listado nacional; esta última modalidad brinda un elemento de representación proporcional. El Congreso puede y de hecho actúa independientemente del Ejecutivo.
El 22 de abril, el Congreso aprobó legislación para la creación de un sólo documento nacional de identidad y de inscripción electoral y el establecimiento de centros de votación fuera de las municipalidades más grandes a fin de aumentar la participación de la población indígena.
El Gobierno siguió juicio a numerosos miembros de la administración anterior en relación con la corrupción y lavado de dinero. En mayo, las autoridades arrestaron a Eduardo Weymann, ex Ministro de Finanzas, por su presunta participación en la malversación en la Administración Tributaria (SAT). El 14 de julio, las autoridades arrestaron al ex Superintendente de la SAT, Marco Tulio Abadío, por malversación y lavado de dinero. El 18 de julio, las autoridades arrestaron al ex Vicepresidente Reyes López por cargos de fraude. A fines de año, Oscar Dubón Palma, ex Contralor General, estaba en prisión en espera de ser enjuiciado por fraude.
El presupuesto militar, tradicionalmente clasificado, ha sido vulnerable a la malversación, puesto que no había escrutinio público de los gastos. Desde febrero, numerosos oficiales de alto grado, incluyendo a tres ex Ministros de la Defensa, han sido arrestados o investigados por mal uso de fondos militares. La administración Berger desclasificó el 80 por ciento del presupuesto militar.
En febrero, el ex Presidente Portillo huyó del país a México después de que se hicieran acusaciones de que había lavado dinero robado del presupuesto de la Defensa. A fin de año, el Gobierno no había formulado cargos contra Portillo ni solicitado su extradición de México.
En general, no hubo mecanismos para permitir el acceso a la información oficial. Sin embargo, el 6 de enero un juez ordenó al Ministerio de la Defensa poner a disponibilidad todos los archivos del ahora extinto Estado Mayor de la Presidencia (EMP) a la Procuraduría de Derechos Humanos (ver Sección 4). El Procurador, con la asistencia de varias ONG’s de derechos humanos, copiaron miles de documentos del EMP para un análisis futuro, para ayudar a localizar a los niños que desaparecieron durante el conflicto civil y aprender más acerca de las operaciones militares en aquel tiempo (ver Sección 4).
No hubo restricciones a la participación de la mujer en el proceso político. Aproximadamente el 44 por ciento de los 5 millones de votantes inscritos son mujeres. En noviembre de 2003, los votantes eligieron a 14 mujeres al Congreso compuesto por 158 miembros. Hubo dos mujeres en la Corte Suprema y una en posición rotativa alterna en la Corte de Constitucionalidad. Hubo dos mujeres ministras en el gabinete, la Ministra de Finanzas y la Ministra de Educación. Hubo también dos secretarias presidenciales, una de la Mujer y la otra para Bienestar Social. Sólo 8 de los 331 alcaldes son mujeres.
La Constitución establece derechos iguales para el pueblo indígena, que es de aproximadamente el 43 por ciento de la población. Algunos lograron altas posiciones como jueces y funcionarios de gobierno, pero el pueblo indígena continuaba con baja representación en la política debido a las limitadas oportunidades de educación y la extendida discriminación (ver Sección 5). Hubo un sólo miembro indígena del gabinete. Uno de los 12 secretarios presidenciales es indígena. De los 158 miembros del Congreso, 9 son indígenas. Había 111 alcaldes indígenas, de los 331. La mayoría de los alcaldes indígenas fueron electos en los departamentos del norte y occidente del país.
Sección 4 - Actitud Gubernamental Respecto de las Investigaciones Internacionales y No-Gubernamentales de Violaciones Alegadas de los Derechos Humanos
Una amplia variedad de grupos nacionales e internacionales de los derechos humanos generalmente operaba sin restricción del gobierno, investigando y publicando sus hallazgos sobre casos de derechos humanos. Los funcionarios de gobierno fueron un tanto colaboradores y receptivos a sus puntos de vista. Sin embargo, muchas ONG’s y trabajadores de derechos humanos recibieron amenazas o fueron intimidados por personas no identificadas. Altos funcionarios de gobierno se reunieron con monitores internacionales de los derechos humanos, aunque algunos funcionarios cuestionaron la credibilidad tanto de los trabajadores de derechos humanos locales como de los monitores internacionales. Aunque muchas organizaciones de derechos humanos internacionales no gozaban de estatus legal formal, continuaban operando abiertamente.
Durante el año, varios representantes de la ONU y de la OEA visitaron el país: la Relatora Especial de la ONU sobre Violencia contra la Mujer; el Relator Especial de la ONU sobre Racismo y Discriminación; la Relatora Especial de la OEA sobre Guatemala y la Violencia contra la Mujer; el Relator Especial de la ONU sobre Condiciones Carcelarias; el Relator Especial de la ONU sobre Derecho a la Alimentación; el Relator Especial de la OEA para Niños. Durante su visita, la Relatora Especial de la OEA sobre Guatemala observó que el país había logrado una considerable mejora durante el año, evidenciado por la buena disposición de las autoridades de proteger y promover los derechos humanos. El Procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, electo por el Congreso en 2002 por un período de 5 años, reporta al Congreso y monitorea los derechos establecidos en la Constitución. Los dictámenes del Procurador no tienen fuerza de ley. El presupuesto asignado al Procurador por el Congreso, sin cambio en 2003 y durante el año, era de aproximadamente $5 millones (40 millones de quetzales). Al terminar el mandato de MINUGUA en Guatemala, la Procuraduría de los Derechos Humanos asumió la función de verificación de los derechos humanos de MINUGUA.
La Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH) tiene la responsabilidad de formular y promover la política de derechos humanos del Gobierno, representar al Gobierno en casos de abusos en el pasado de los derechos humanos ante la Corte Internacional de Derechos Humanos y negociar arreglos amistosos en aquellos casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A principio de su administración, el Presidente Berger nombró al líder de los derechos humanos Frank LaRue como Director de COPREDEH. Con el apoyo del Presidente, COPREDEH aceptó responsabilidad en representación del Estado de tres casos ventilados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante el año: la masacre en Plan de Sánchez en 1982 (ver secciones 1.a. y 1.e.); el asesinato en 1993 de Jorge Carpio Nicolle; y la desaparición y presunto asesinato en 1981 del joven Marco Molina Theissen. La OEA observó que el país tomó pasos para aumentar la cooperación sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por el Gobierno en el pasado. COPREDEH implemento órdenes de CIDH de brindar protección policial a siete activistas de los derechos humanos.
El número de amenazas contra los defensores de los derechos humanos disminuyó ligeramente en comparación con 2003, las amenazas contra los trabajadores de la justicia aproximadamente permanecieron igual a 2003, y las amenazas contra periodistas se redujeron en casi la mitad. Hubo pocas amenazas contra los defensores de los derechos humanos de enero a junio. A principios de julio, el número de intimidaciones aumentó dramáticamente y permaneció alto hasta octubre, cuando volvió a caer. El Movimiento Nacional de Derechos Humanos, que registra y sigue la pista a las intimidaciones contra los trabajadores de los derechos humanos y los periodistas, informó que hubo aproximadamente 122 amenazas y allanamientos durante el año, en comparación con 125 incidentes en 2003. El informe final de MINUGUA observó que “aunque los defensores de los derechos humanos trabajan con mucha más libertad que anteriormente, sigue habiendo denuncias de intimidaciones, aunque a un grado menor que durante la anterior administración”. Durante el año, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos recibió 47 casos nuevos. Los actos de intimidación incluían amenazas anónimas por teléfono o escritas, allanamientos y vigilancia de lugares de trabajo, residencias, y movimiento vehiculares. Fiscales, jueces y testigos en varios casos de derechos humanos, notablemente en los casos del Jueves Negro y Plan de Sánchez, también informaron ser blanco de varios actos de intimidación (ver Sección 1.e.). Algunos de los ataques mostraron sofisticación y experticia técnica. Como la mayoría de las persecuciones legales, la mayoría de los casos de derechos humanos estaban pendientes por largos períodos sin ser investigados o languidecían en los tribunales conforme los abogados de la defensa presentaban numerosas mociones y recursos para atrasar los procesos.
En febrero, personas desconocidas amenazaron de muerte a Eloida Mejía Samayoa, Presidenta y Representante Legal de Amigos del Lago de Izabal, que se oponía a la reactivación de actividades mineras en el Departamento de Izabal. A las amenazas le siguió la muerte del activista ambiental Enrique Alcántara el 10 de febrero en Puerto Barrios. A fin de año, el Ministerio Público estaba investigando las amenazas y la muerte.
El Centro Legal de Derechos Humanos (CALDH) y la comunidad de Plan de Sánchez informaron de aproximadamente 20 incidentes de intimidación durante el año. CALDH, que presta apoyo legal en casos de derechos humanos, apoyó a los miembros de la comunidad de Plan de Sánchez en las audiencias de la CIDH el 23 y 24 de abril sobre la masacre de 1982. En marzo, a un piloto de CALDH le fue robado un automóvil y él mismo fue interrogado antes de ser puesto en libertad. El 7 de septiembre la policía capturó a un sospechosos del robo, quien permaneció en prisión mientras que el fiscal procesaba un pedido de rueda de reos para permitir al piloto identificar al asaltante. Sin embargo, en noviembre el juez denegó la petición y el Ministerio Público pensaba dejar en libertad al sospechoso por falta de pruebas. CALDH solicitó protección policial al CIDH, la que fue aprobada y coordinada por COPREDEH. En julio, intrusos allanaron dos veces la casa de un director de CALDH y, en otro incidente, allanaron el anexo de una oficina de CALDH en Ciudad Guatemala. En julio y septiembre, varios testigos del caso CIDH informaron que habían recibido amenazas de bomba y a otro empleado de CALDH le fue robado su automóvil.
El 7 de julio, Lespiradas, una organización para la promoción de los derechos de las lesbianas, recibió por lo menos seis llamadas telefónicas amenazadoras. El Ministerio Público estaba investigando el caso a fin de año.
El Procurador de los Derechos Humanos recibió amenazas durante el año. El 9 de agosto, su procuraduría auxiliar en Coatepeque cerró por tres días después de que hombres armados amenazaron a su personal por la investigación de la muerte reciente del alcalde de Génova. De acuerdo con el portavoz del Procurador, los individuos amenazados recibieron protección policial y reabrieron la oficina el 12 de agosto.
De agosto a septiembre, la diputada del ANN, Nineth Montenegro, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos y ex directora del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), recibió 20 llamadas telefónicas amenazadoras. Individuos desconocidos rompieron las ventanas de su automóvil, allanaron su casa, siguieron su automóvil, e hicieron presencia en frente de su casa.
El 6 de octubre, el Juzgado Penal de Quiché condenó a Miguel Xon Morales (primo de la víctima) a 15 años de reclusión por el asesinato en abril de 2002 del activista de los derechos humanos y sacerdote maya Diego Xon Salazar (ver Sección 1.a.).
El único testigo de la muerte en mayo de 2003 del sacerdote maya Gerardo Camo Manuel no pudo identificar a un sospechoso y el caso fue cerrado en septiembre (ver Sección 1.a.). No hubo progreso en la investigación del allanamiento de la casa de Norma Maldonado, activista que trabajaba con Mama Maquín, un grupo de mujeres indígenas rurales, en julio de 2003.
A fin de año estaba pendiente el juicio de cuatro ex guardias de seguridad y otro sospechoso por el allanamiento del Departamento de Investigaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos.
En marzo, la PNC capturó a Jerónimo Chicoj Saquic, un sospechoso buscado por la muerte en septiembre de 2003 de Eusebio Macario, organizador comunitario y miembro fundador del Consejo de Comunidades Étnicas “Runujel Junam” (CERJ). El Ministerio Público especuló que la muerte de Macario estaba relacionada con un conflicto de tierras. El 28 de septiembre, un tribunal penal de Quiché absolvió al detenido debido a falta de evidencia. Mientras estaba en prisión, éste presuntamente amenazó a la familia de Macario.
El 24 de junio, Ever López Gómez y Billy René Barrios fueron condenados a 9 y 29 años, respectivamente, por la muerte en 2002 del contador de la Fundación Menchú, Guillermo Ovalle (ver Sección 1.a.).
En marzo, un tribunal absolvió a tres sospechosos de la tortura y muerte en 2002 de Manuel García de la Cruz, miembro de CONAVIGUA.
El 25 de febrero, Día Nacional por la Dignidad de las Víctimas de la Violencia, el Presidente Berger anunció públicamente su apoyo a la propuesta de 2003 del Procurador de los Derechos Humanos para establecer una comisión de la ONU (CICIACS) que investigara y llevara a juicios a grupos clandestinos. Después de que dos Comisiones del Congreso emitieran recomendaciones contra la CICIACS a principios de mayo, el Presidente Berger formalmente solicitó al Congreso devolver la iniciativa al Ejecutivo. El Presidente entonces solicitó a la Corte de Constitucionalidad revisar la propuesta. El 31 de agosto, la Corte dictaminó que varios elementos de la CICIACS, principalmente las disposiciones relativas a las investigaciones y prosecuciones independientes por alguna entidad que no fuera autoridad legal eran incompatibles con la Constitución. En septiembre, el Presidente Berger se reunió con el Secretario General de la ONU, Kofi Annan, a fin de explorar las posibilidades de una CICIACS reconfigurada para satisfacer las inquietudes de la Corte. El 19 de noviembre, el Vicepresidente Stein envió una carta a Kofi Annan en la que decía que el Gobierno combatiría a los grupos clandestinos a través del Ministerio Público y continuaría buscando oportunidades para implementar la CICIACS.
En agosto, el Fiscal General nombró a Betty Gudiel como Fiscal Especial para Crímenes contra Defensores de los Derechos Humanos. El personal de la oficina fue reducido en más de la mitad durante el año. A pesar de estos recortes, la oficina realizó progreso significativo en numerosos procedimientos y obtuvo varias condenas durante el año (ver Sección 1.e.). El personal de la unidad reportó haber recibido el apoyo en estos casos de la dirigencia del Ministerio Público.
El 31 de diciembre, MINUGUA cerró sus oficinas después de 10 años de monitorear la implementación de las disposiciones relativas a los derechos humanos contenidas en los Acuerdos de Paz. Su último informe en agosto concluyó que el país había “colocado cimientos más firmes sobre los cuales construir un mejor futuro”. En años recientes, personal de MINUGUA había capacitado a la Procuraduría de los Derechos Humanos para hacerse cargo de muchas de sus funciones de monitoreo, especialmente en cuanto a cuestiones agrarias y de discriminación.
A fin de año, el Congreso no había ratificado aún el acuerdo de diciembre de 2003 para establecer una oficina local del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). El acuerdo pasó al Congreso para su ratificación en marzo. Aunque la Comisión de Derechos Humanos recomendó el establecimiento de la oficina, la Comisión de Relaciones Exteriores dictaminó en contra del proyecto. Para vencer las objeciones del Congreso, el Ejecutivo renegoció el acuerdo con ACNUDH en diciembre. Si es ratificada, la oficina de ACNUDH monitorearía la situación general de los derechos humanos en el país e informaría anualmente sobre su actividades y haría recomendaciones a la Comisión.
Sección 5 - Discriminación, Abusos Sociales y Tráfico de Personas
La Constitución declara que todas las personas son libres e iguales en dignidad y derechos y que el Estado deberá proteger la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y desarrollo de sus ciudadanos. Sin embargo, en la práctica y con frecuencia el Gobierno no pudo hacer cumplir estas disposiciones debido a recursos inadecuados, la corrupción y un sistema judicial disfuncional (ver Secciones 1.c. y 1.e.).
Mujeres
La violencia contra la mujer, incluyendo la violencia doméstica seguía siendo común en todas las clases sociales. Hubo un aumento significativo en denuncias de mujeres torturadas, desaparecidas y muertas (ver Secciones 1.a. y 1.c.). La Ley sobre la Violencia Doméstica estipula que el Ministerio Público, la Policía Nacional, los tribunales de familia, las clínicas legales y la Procuraduría de los Derechos Humanos podrán recibir denuncias de violencia doméstica. Sin embargo, el abuso doméstico no es castigado con prisión, y los fiscales del Ministerio Público observaron que la ley les permite acusar a los abusadores únicamente si las contusiones del abuso permanecen visibles por lo menos 10 días. La ley prevé ordenes de inhibición contra los presuntos agresores, protección policial para las víctimas, y la misma requiere que la PNC intervenga en situaciones violentas en el hogar. Sin embargo, grupos femeninos observaron que pocos agentes tienen alguna capacitación en asistencia a las víctimas o trabajo con violencia doméstica. El Programa para la Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar (PROPREVI), un programa gubernamental bajo la Secretaría de Obras Sociales de la Primera Dama, informó que recibió aproximadamente 12 llamadas al día en su línea de emergencia de mujeres y niños golpeados.
El Ministerio Público reportó haber recibido casi 10,000 denuncias de violencia familiar contra mujeres y niños en Ciudad Guatemala durante el año. Sólo aproximadamente 370 casos fueron a juicio. De acuerdo con la Ley sobre la Violencia Doméstica, 1,364 órdenes de inhibición contra agresores de violencia doméstica fueron emitidas. La investigación completa y la persecución legal de casos de violencia doméstica y violaciones generalmente llevaban un promedio de un año, y los fiscales observaron que la mitad de las víctimas de la violencia doméstica que presentaron denuncias nunca volvieron para continuar con sus casos después de su visita inicial al Ministerio Público. La Red de No Violencia contra la Mujer estimó que el 90% de los incidentes no se reportaba.
La Oficina para Mujeres Indígenas de la Procuraduría de los Derechos Humanos, encabezada por María Zapeta Mendoza, prestó servicios sociales a las víctimas de la violencia doméstica o social, así como mediación, resolución de conflictos y servicios legales a mujeres indígenas. También coordinó y promovió la acción de parte de instituciones gubernamentales y ONG’s para evitar la violencia y la discriminación contra mujeres indígenas. Sin embargo, le faltaban recursos humanos y capacidad logística para cumplir con sus funciones a nivel nacional. El presupuesto del Procurador fue de $221,250 (1.77 millones de Quetzales). A igual que muchas agencias gubernamentales, se vio obligado a reducir sus gastos en 20 por ciento debido a limitaciones fiscales. La oficina se hizo cargo de 440 casos desde enero hasta agosto y 3,159 casos desde 2002, incluyendo conflictos laborales y violencia doméstica.
Los delitos sexuales siguieron siendo un problema. La Fiscalía informó haber recibido 749 casos de violación y asalto sexual entre enero y octubre en Ciudad Guatemala. 84 de estos casos fueron a juicio: 68 agresores fueron sentenciados y condenados a un promedio de 6 a 20 años en prisión; 11 personas fueron absueltas; y 5 casos fueron arreglados fuera de los tribunales. Más de 3,000 violaciones fueron reportadas en todo el país. La Corte Suprema recibió 1,777 casos de violación de todo el país de enero a septiembre. UNICEF observó que las víctimas de violaciones a veces no denunciaban las mismas por falta de confianza en la persecución legal y temor a represalias.
El Código Penal define la violación y la violación agravada como delitos y establece penas de 6 a 50 años. El Código Penal no define el asalto sexual como delito. Los fiscales de la Unidad Especial de Crímenes contra la Mujer observaron que las denuncias de violaciones habían aumentado en 30 por ciento durante los últimos 4 años. Algunos observadores opinaron que el aumento de casos de violación reportados durante los últimos 5 años no reflejaba un aumento en el número de violaciones cometidas sino un aumento en la disposición de las víctimas de presentarse y un mejor registro de las estadísticas criminales. La policía tiene poca capacidad para investigar o ayudar a las víctimas de crímenes sexuales.
El acoso sexual no es ilegal, de manera que no hay estimados exactos de incidentes. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos y femeninas reportaron que el acoso estaba bastante extendido, especialmente en las industrias donde los trabajadores son principalmente mujeres, como el sector de la maquila.
La prostitución no es ilegal. Sin embargo, el proxenetismo y el inducir a una persona a la prostitución son crímenes que pueden resultar en multas o prisión, con penas mayores si hay menores involucrados. El tráfico de mujeres y menores, especialmente para fines de prostitución, es ilegal y era un problema ampliamente reconocido (ver Sección 5, tráfico).
La PNC informó que aproximadamente 527 mujeres fueron muertas durante el año, en comparación con 383 en 2003. El porcentaje de muertes de mujeres en comparación con el total de asesinatos aumento de 11.5 por ciento en 2003 a 12 por ciento durante el año. Algunas víctimas fueron torturadas antes de morir y otras tuvieron sus cuerpos mutilados. En abril, el entonces Ministro de Gobernación, Arturo Soto, creó una fuerza de tarea en la PNC para investigar las muertes de mujeres.
La Constitución afirma el principio de igualdad de género. Sin embargo, las mujeres encaraban discriminación en el trabajo y tuvieron menos probabilidades de ocupar puestos administrativos. El Estudio Nacional sobre Ingresos y Gastos de 2002 indicaba que las mujeres indígenas ganan el 58% de lo que ganan los hombres indígenas y las mujeres no indígenas ganan el 71 por ciento de lo que ganan los hombres indígenas. Algunas mujeres fueron sometidas a pruebas de embarazo para optar al empleo. Las mujeres estuvieron empleadas principalmente en puestos de bajos salarios en las industrias de textiles y confección, agricultura, negocios al menudeo y en el sector público. Más mujeres que hombres estuvieron empleadas en el sector informal de la economía, donde los salarios y las prestaciones fueron generalmente inferiores. Legalmente, las mujeres pueden ser propietarias, administrar y heredar propiedades en base de igualdad con los hombres.
Más del 50 por ciento de niñas urbanas y el 81 por ciento de niñas rurales abandonaron la escuela antes de completar la secundaria, y se estima que 70 por ciento de mujeres adultas nunca recibieron una educación formal. El informe de 2003 de UNICEF indica que la tasa de alfabetismo entre mujeres adultas es del 80 por ciento la de los hombres. Más de 10,000 mujeres estaban matriculadas en las universidades siguiendo carreras de medicina y derecho.
La Secretaría de la Mujer asesora al Presidente sobre la coordinación de políticas que afectan a la mujer y su desarrollo.
Niños
La Constitución establece que el Gobierno debe proteger la salud física y mental así como el bienestar moral de los niños. Sin embargo, el Gobierno no dedicó suficientes recursos para asegurar servicios adecuados de educación y salud para los niños. Aunque consideraciones fiscales obligaron al Gobierno a reducir el gasto general en 30 por ciento, logró aumentar el gasto de educación. El gasto en salud permaneció aproximadamente igual. Aproximadamente el 2 por ciento del Producto Interno Bruto fue dedicado a la educación y menos del 1 por ciento a la salud.
La Constitución establece educación obligatoria para todos los niños hasta el sexto año. Sin embargo, menos de la mitad de la población recibe educación primaria. De acuerdo con el Ministerio de Educación, en 2003 únicamente el 11 por ciento de los niños que se inscribieron en la escuela aprobaron su año respectivo. El Informe de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estimó que únicamente el 40 por ciento de los niños que se inscriben en las escuelas primarias terminan el tercer año y únicamente el 30 por ciento llegan más allá del sexto año. Las tasas de conclusión del año escolar fueron aún más bajas en las áreas rurales e indígenas. El nivel de educación logrado variaba ampliamente de acuerdo con el origen y región geográfica de los educandos. En promedio, el niño indígena recibe 5.6 años (los varones reciben 6 años en comparación con 5.3 años para las niñas). Los niños indígenas, concentrados más en las áreas rurales, recibieron un promedio de 2.2 años (varones 2.8 y niñas 1.6). El Ministerio de Educación intentó mejorar estos indicadores, concediendo becas especiales a niñas y niños trabajadores o huérfanos.
El Informe de UNICEF de 2003 estimó que la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años fue de 58 por 1,000 nacidos vivos. Análisis de salud pública demostraron que el 60 por ciento de los casos de mortalidad infantil y el 76 por ciento de los casos de mortalidad materna fueron prevenibles con atención a la salud básica y medidas ambientales que han sido descuidadas. En 2003, el Ministerio de Salud prestó servicios a 87 por ciento a niños menores de 15 años y 58 por ciento a mujeres de más de 15 años. De acuerdo con PNUD, se estima que el 20 por ciento de la población no tiene acceso a ningún tipo de servicios de salud institucionales. Los niños y niñas tuvieron igual acceso a la atención médica. En diciembre, la ONU informó que el 24 por ciento de la población sufre de desnutrición, en comparación con el 16 por ciento 10 años atrás.
El abuso infantil siguió siendo un problema grave (ver Sección 1.c.). El Ministerio Público informó de 798 casos de abusos de niños durante el año. En mayo, la Comisión del Congreso de Mujeres y Menores creó una Comisión de Menores y Adolescentes, integrado por representantes del Gobierno y ONG’s, para promover cuestiones de la niñez, de acuerdo con la Ley de Protección de Menores de junio de 2003. La Secretaría de Bienestar Social supervisa los programas de bienestar de los niños, tratamiento y capacitación de menores y asistencia educativa especial para niños. La Secretaría proporcionó abrigo y asistencia a niños víctimas de abuso. Sin embargo, estos niños a veces fueron colocados con otros jóvenes que cometieron delitos (ver Sección 1.c.). Debido a la sobrecarga en el sistema de bienestar público, los tribunales de familia también refirieron a 350 niños abusados a Casa Alianza en 2003-2004 y enviaron a muchos otros a otras ONG’s. La Fiscalía Especial de Mujeres incluyó una unidad para investigar únicamente casos de abuso infantil.
La prostitución infantil fue problema (ver Sección 5, Tráfico).
El trabajo infantil fue problema. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 23 por ciento de los niños se ven obligados a trabajar para sobrevivir (ver Sección 6.d.).
El conflicto interno dejó aproximadamente 200,000 huérfanos. Aproximadamente 10,000 niños eran miembros de pandillas callejeras. Hay estimaciones creíbles de 5,000 niños de la calle en toda la nación, aproximadamente 3,000 de ellos en la Ciudad de Guatemala. La mayoría de los niños huyó de sus hogares después de ser víctimas de abuso. Casa Alianza informó que el aumento en el reclutamiento de parte de las pandillas redujo el número de niños de la calle en la capital.
Durante el año, Casa Alianza informó que 173 niños fueron asesinados en la Ciudad de Guatemala de enero al 31 de agosto y 585 en todo el país en 2003. Los criminales con frecuencia reclutaron menores para robar, la prostitución o el tráfico de drogas.
El Gobierno y algunas ONG’s operaron centros juveniles. Sin embargo, los fondos dedicados a ellos no fueron suficientes para abordar el problema adecuadamente. El Gobierno mantuvo un albergue para niñas y niños, respectivamente, en la Ciudad de Guatemala. Estos albergues brindaron vivienda para los sin techo y encarcelamiento para los delincuentes juveniles.
La Trata de Personas
La ley prohíbe el tráfico de personas con fines de prostitución. Sin embargo, que el Gobierno no tipificara la prostitución en cuanto a cuestiones más amplias inhibió los esfuerzos para aplicar la ley con el objeto de combatir esta práctica creciente.
El Ministerio Público procesa a los traficantes de acuerdo con cuatro secciones del Código Penal, tres de las cuales establecen multas de $187 a $1,875 (Q.1,500 a Q.15,000) y la cuarta que específicamente tipifica de delito el tráfico para la prostitución e impone penas de 1a 3 años de prisión y una multa de $250 a $625 (Q.2,000 a Q.5,000). Aunque la pena máxima por el tráfico es el encarcelamiento, los magistrados han impuesto no más que una multa. Durante el año, el Ministerio de Relaciones Exteriores, algunos miembros del Congreso y ONG’s han cabildeado para mejorar la legislación con penas más severas. El Ministerio de Relaciones Exteriores encabezó un grupo de trabajo interinstitucional sobre el tráfico de personas a fin de mejorar la coordinación entre las agencias y desarrollar nuevas iniciativas legislativas para combatir la práctica. Las reuniones fueron celebradas por lo menos una vez al mes.
En febrero, el Ministerio Público creó una unidad especial dentro de la Fiscalía Especial de Crímenes contra la Mujer para investigar casos de tráfico. La fiscalía llevó a cabo 20 operativos en bares durante el año, con la asistencia de la Unidad Especial de la PNC para el Tráfico de Personas y con observadores de Casa Alianza. Se abrieron 45 casos contra traficantes y para fines de año 6 traficantes habían sido sentenciados por explotación sexual de menores (un delito aparte) y multados con $375 a $800 (Q.3000 a Q.6000). El Ministerio Público rescató a 16 menores víctimas del tráfico, a quienes Casa Alianza dio albergue.
El 24 de marzo, el Gobierno firmó un convenio de cooperación con México sobre la protección de menores víctimas del tráfico y contrabando en la frontera mexicana. Convenios de repatriación para menores víctimas del tráfico también existen con El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y Panamá.
El país es fuente de tránsito y destino para mujeres y niños de Guatemala y otros países centroamericanos traficados con fines de explotación sexual. Una ONG informa haber identificado de 600 a700 menores en centros de prostitución en todo el país. En menor grado, hubo denuncias (pero sin estimados confiables) del tráfico de mano de obra forzada, principalmente involucrando a niños usados en redes de mendicidad en la Ciudad de Guatemala.
El tráfico de personas fue un problema especial en la capital y en ciudades a lo largo de la frontera con México y El Salvador. Niños migrantes que no pudieron cruzar la frontera a México con frecuencia permanecieron en el país y recurrieron o fueron obligados a la prostitución. Muchas mujeres y niños también fueron traídos al país desde El Salvador, Nicaragua y Honduras por cuadrillas organizadas que los obligaban a practicar la prostitución. La población objetiva principal para la explotación sexual fue de niños y niñas menores o mujeres jóvenes de familias pobres. Los traficantes con frecuencia se acercaban a estas personas con promesas de recompensas económicas, trabajo en cafeterías, salones de belleza o trabajo en otros países. Los medios de promoción incluían volantes, anuncios en la prensa y recomendaciones verbales o personales. Los traficantes también hicieron uso de la fuerza, coerción, fraude y engaño.
Propietarios y propietarias de casas de tolerancia fueron a menudo responsables por el transporte y empleo de las víctimas de tráfico. Los traficantes de personas a menudo tuvieron vínculos con otros crímenes organizados, incluyendo el tráfico de drogas y contrabando de migrantes.
Hubo informes creíbles de la participación y complicidad de la policía y servicio de migración en el tráfico de personas. Un estudio de 2002 de ECPAT (el capítulo local de la ONG Fin a la Prostitución, Pornografía Infantil y Tráfico de Niños con Fines Sexuales), algunos menores víctimas del tráfico informaron que algunos funcionarios de migración aceptaban sobornos, daban a las víctimas documentos falsos de identificación y les permitían cruzar las fronteras. Hubo informes de que propietarios y propietarias de casas de tolerancia permitían a los oficiales de la policía y migración tener relaciones sexuales con víctimas menores sin cobrarles. El 4 de mayo, la policía arrestó a un alto oficial de la policía, Rudy Girón Lima, por estar involucrado en secuestros (ver Sección 1.b.). Los investigadores se enteraron de que era copropietario de tres burdeles y prostitutas menores de edad fueron encontradas en los tres establecimientos.
La Secretaría de Bienestar Social, una institución gubernamental, tiene un albergue para víctimas del tráfico y ofrece trabajo social, capacitación para el trabajo y consejería.
Los funcionarios de migración generalmente deportaron a las víctimas del tráfico mayores de edad pero no las trataron como criminales. De febrero a diciembre, Migración deportó a 468 mujeres, quienes fueron encontradas en operativos en los bares, a Honduras, Nicaragua y El Salvador. Las víctimas no fueron procesadas judicialmente y no se les requirió testimoniar en casos contra traficantes.
La Secretaría de Bienestar Social distribuyó materiales educativos sobre la explotación sexual al sistema educacional primario y secundario. Migración también lanzó una campaña en todos los cruces fronterizos para educar al público sobre el riesgo del tráfico.
El Gobierno entregó a víctimas menores del tráfico rescatadas en operativos en los bares en custodia a Casa Alianza, que les brindó abrigo, tratamiento médico, consejería psicológica y capacitación para el trabajo. Algunas otras ONG’s prestaron servicios similares y cabildearon por leyes, protección de víctimas y prevención del tráfico.
Personas con Discapacidades
La Constitución establece que el Estado deberá proteger a las personas con discapacidades. La Ley de Protección al Adulto Mayor y la Ley de Atención a las Personas Discapacitadas requieren obligatoriamente el acceso a instalaciones públicas, prohíben la discriminación basada en la discapacidad y prevén otras protecciones legales. Estipulan igual oportunidad para personas con discapacidades en salud, educación, trabajo, recreación, deportes y actividades culturales. Las leyes también establecen que las personas con discapacidades deberán recibir los beneficios de las leyes laborales y prestaciones de seguro social y tienen el derecho de trabajar. Además, la ley exige iguales oportunidades de educación, códigos obligatorios de acceso a edificios y el derechos a salarios iguales. Sin embargo, personas con discapacidades físicas sufrieron de discriminación en la educación y prácticas de empleo, y pocos recursos fueron dedicados al combate de este problema. Las personas con discapacidades tienen acceso limitado al cuidado de salud, facilidades recreacionales y oportunidades de trabajo. Un informe de International Disability Right Monitor (Monitor Internacional de Derechos de los Discapacitados) observó que el Gobierno discrimina contra personas con discapacidades al no prestarles la adecuada protección.
Los recursos educativos para aquellos con necesidades especiales fueron escasos, y la mayoría de las universidades no fueron accesibles a los discapacitados. El Hospital Nacional de Salud Mental, el principal proveedor de salud para personas con enfermedades mentales, no contaba con suministros básicos, equipo, condiciones higiénicas de vida y personal profesional adecuado. Durante el año, el Ministerio de Educación prestó servicios a 4,187 niños con necesidades especiales. De estos, 160 estaban en las escuelas ordinarias y el resto asistía a escuelas de educación especial.
El Consejo Nacional del Discapacitado, compuesto por representantes de los ministerios y agencias gubernamentales relevantes, se reunió regularmente para discutir iniciativas. Sin embargo, no se dedicaron recursos para la implementación de sus recomendaciones.
Pueblo Indígena
La Constitución, reconociendo que el país está integrado por diversos grupos étnicos, obliga al Gobierno a reconocer, respetar y promover los estilos de vida, costumbres, tradiciones, organización social y forma de vestir del pueblo indígena.
El pueblo indígena constituye el 43 por ciento de la población. Sin embargo, permaneció predominantemente fuera de la corriente política, económica, social y cultural principal del país. Un estudio del Banco Mundial hecho durante el año afirmó que el 76 por ciento del pueblo indígena vive en la pobreza, en comparación con 41 por ciento de la población no indígena. No hubo un sólo indicador de la condición indígena, pero hay por lo menos 22 grupos étnicos, cada uno con su propio idioma. Además, hay una comunidad indígena Xinca, con unas 6,000 personas. Los Garifuna, descendientes de africanos traídos a la región del Caribe como esclavos y que más tarde migraron a Sur y Centro América, son un grupo minoritario separado.
MINUGUA, en su informe final, observó que el número de maestros y trabajadores judiciales bilingües estaba aumentando gradualmente, pero clases bilingües estaban al alcance de únicamente el 10 por ciento de los niños indígenas de edad escolar. Varias sentencias judiciales confirmaron el derecho a la práctica de la espiritualidad indígena y a llevar ropa típica. La Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo, creada en 2003 y confirmada por la Administración Berger, evaluó las acciones del Estado e hizo recomendaciones para reducir la discriminación. La mayoría de las disposiciones referentes a los derechos de los indígenas estaban incompletas en el cronograma de 2000-04 para la implementación de los Acuerdos de Paz. Durante el año, el Gobierno tomó algunos pasos para implementar programas que incluyeran componentes bilingües e interculturales en la educación. Sin embargo, pocos son los cambios concretos que habían tenido lugar a fin de año.
En diciembre de 2003, el Congreso aprobó una Ley de Idiomas, haciendo obligatorio el uso de las lenguas maya en sectores públicos como la salud, educación y justicia. También en diciembre de 2003, el Gobierno concedió a la Academia de Lenguas Mayas la frecuencia de un canal de televisión y un edificio grande anteriormente ocupado por los militares. Además, en 2004 el Gobierno concedió a la Academia un presupuesto de $3.1 millones (Q.25 millones), un importante aumento en comparación con años anteriores, para ayudar a fortalecer el uso de las lenguas mayas y su uso en el dominio público. En diciembre, el Presidente y el Vicepresidente participaron en la apertura oficial de un proyecto para construir una Universidad Maya, hecha obligatoria en los Acuerdos de Paz.
Las comisiones establecidas para discutir la implementación de las disposiciones constitucionales relacionadas con los derechos de los indígenas se reunieron durante el año para formular recomendaciones al Gobierno sobre la protección de la cultura, idiomas, tradiciones, tierras y sitios sagrados del pueblo indígena.
El Ministerio de Trabajo contó con un Departamento del Pueblo Indígena para investigar casos de discriminación y promover la implementación del Convenio 169 de la OIT sobre los derechos de los trabajadores indígenas. Aunque el Departamento no contaba con su propio presupuesto y sólo tenía cuatro empleados y, por falta de recursos, no investigó ninguna denuncia de discriminación, sirviendo únicamente como representantes de los derechos de los indígenas. Como ejemplo, la oficina representó los intereses indígenas locales en discusiones del sector público y privado sobre potenciales minas a cielo abierto en las áreas rurales.
Los indígenas rurales tuvieron oportunidades educativas limitadas y menos oportunidades de empleo. Por esta razón, los hombres indígenas constituyeron un elevado porcentaje de las filas militares. Muchos indígenas son analfabetas y aproximadamente una tercera parte no habla el español. Más de la mitad de las mujeres indígenas son analfabetas, y un número desproporcionado no asiste a la escuela (ver Sección 5, mujeres y niños). El Gobierno dedicó menos del 10 por ciento del presupuesto total a la educación bilingüe, y el Ministerio de Educación aún está por implementar las recomendaciones formuladas por la Comisión de Reforma Educativa.
Los indígenas capturados por delitos con frecuencia estaban en desventaja debido a su comprensión limitada del español. El Código Procesal Penal estipula que los tribunales deben proveer traducción para quienes requieran dichos servicios durante los procedimientos penales, pero continuaron denuncias de que el pueblo indígena no tuvo igual acceso al sistema de justicia. El Ministerio Público concentró a 16 intérpretes en las anteriores áreas de conflicto del país, y la Defensoría Pública empleó 9 defensores públicos y los habilitó en áreas en que pudieran servir de traductores además de defender a sus clientes. A pesar de los esfuerzos del Gobierno, hay 63 jueces que hablan lenguas mayas en 561 tribunales en todo el país. El número de intérpretes de tribunal aumentó de 22 en 2003 a 62 durante el año y la Corte Suprema informó que el sistema judicial contaba con 569 empleados que hablan lenguas indígenas. Aunque con frecuencia personal judicial bilingüe estuvo empleado en áreas en que no se habla su segundo idioma, las ONG’s observaron que la Corte hizo un esfuerzo por mejorar la distribución de empleados bilingües durante el año. Se hicieron mejores esfuerzos para enviar a estos funcionarios a ciudades en que pudieran usar sus destrezas lingüísticas, y aproximadamente el 65 por ciento de ellos trabajaba en el área geográfica de su propia competencia lingüística.
Dos grupos trabajaron en representación del pueblo indígena. Un Congreso Nacional del Pueblo Maya creó la Asamblea Nacional de Representantes del Pueblo Maya, que seleccionó a representantes de 16 departamentos e instaló a los miembros en febrero. La Asamblea Nacional entró en diálogo con el Consejo Nacional de los Pueblos Mayas a fin de unificar posiciones en cuanto a demandas indígenas contra el Gobierno.
Sección 6 - Derechos Laborales
a. Derecho de Asociación
La Constitución y el Código de Trabajo establecen la libertad de asociación y el derecho a formar e integrar sindicatos. En la práctica, sin embargo, el cumplimiento del Código permaneció débil e ineficaz. Todos los trabajadores tienen el derecho de formar e integrar sindicatos, incluyendo a los empleados del sector público, con la excepción de miembros de las fuerzas de seguridad. Menos del 3 por ciento de la fuerza laboral está sindicalizado.
El reconocimiento legal de un nuevo sindicato en una industria requiere que el número de miembros sea la mitad más uno de los trabajadores de esa empresa. Los activistas laborales consideraron este requisito como una barrera casi insuperable a la formación de nuevos sindicatos en alguna industria en general.
La ley prohíbe la retribución por formar sindicatos y por participar en actividades sindicales; en particular, el Código de Trabajo prohíbe a los patronos despedir a los empleados por organizar un sindicato y los protege de ser despedidos durante 60 días después de notificado el Ministerio de Trabajo de que un sindicato está siendo formado. Después de eso, pueden ser despedidos con causa, a menos que sean miembros del comité ejecutivo del sindicato. Sin embargo, el cumplimiento de estas disposiciones fue débil. Muchos empleadores rutinariamente intentaron eludir las disposiciones del Código de Trabajo para resistir la sindicalización o simplemente hicieron caso omiso de las disposiciones mismas y de órdenes judiciales para cumplirlas. Un sistema legal ineficaz y penas inadecuadas por violaciones obstaculizaron el cumplimiento del derecho a formar sindicatos y participar en actividades sindicales en el pasado.
Hubo informes creíbles de represalias de parte de empleadores contra trabajadores que intentaron ejercer derechos laborales internacionalmente reconocidos. Por ejemplo, en junio la Secretaría de Bienestar Social despidió a 22 individuos el día después de que presentaran una lista de miembros de un sindicato naciente. Aunque la Secretaría argumentó limitaciones presupuestarias como motivo de los despidos, procedió a contratar sustitutos, quienes recibieron el mismo salario y las mismas prestaciones. Un tribunal ordenó la reinstalación de los trabajadores, pero la Secretaría recurrió contra la decisión. Las órdenes judiciales no son vinculantes sino hasta que los recursos son resueltos, lo que puede llevar años. La Secretaría re-contrató a dos de los individuos después de que renunciaron al sindicato. El caso estaba pendiente a fin de año.
La violación más común de la libertad de asociación fue el despido de trabajadores por actividades sindicales. El Ministerio de Trabajo recibió 2,972 denuncias de despidos ilegales durante el primer semestre del año, aproximadamente igual al número del mismo período en 2003. Algunos trabajadores que sufrieron despido ilegal llevaron sus casos a los tribunales de trabajo y obtuvieron órdenes de reinstalación. Los tribunales de trabajo informaron que emitieron 532 de estas órdenes de enero a septiembre. Recursos y apelaciones repetidos de partes de los empleadores, juntamente con recursos legales como la re-constitución como otra sociedad, a menudo prolongaban el proceso. Al igual que los tribunales en otras partes del país, los Tribunales de Trabajo con frecuencia no rechazaron de oficio las apelaciones frívolas y tampoco fueron cumplidas sus decisiones. De acuerdo con funcionarios del Ministerio de Trabajo, los Tribunales de Trabajo vindicaban la mayoría de las denuncias de los trabajadores contra los patronos, pero los empleadores mismos cumplieron con las decisiones de los tribunales únicamente en un pequeño número de casos y rara vez fueron disciplinados por hacer caso omiso de órdenes de los tribunales legalmente vinculantes.
Los empleados fueron renuentes a ejercer su derecho de asociación por temor a represalias de parte de los patronos, de acuerdo con líderes y elementos de abogacía. Los trabajadores tienen poca confianza de que las instituciones ejecutivas y judiciales responsables efectivamente protejan o defiendan sus derechos si los mismos son violados. Además, la debilidad de los inspectores de trabajo, las fallas en el sistema judicial, la pobreza, el legado de represión violenta de activistas laborales durante el conflicto interno, el clima de impunidad y la hostilidad de larga duración entre los empleadores y las asociaciones laboristas autónomas limitaron, todos, el ejercicio del derecho de los trabajadores.
Líderes sindicalistas reportaron amenazas de muerte y otros actos de intimidación. Una Fiscalía Especial de Crímenes contra Sindicalistas y Periodistas, de tres funcionarios, aceptó 45 nuevos casos relacionados con los sindicatos durante el año, aumentando así su carga total de casos a más de 200. Los fiscales obtuvieron únicamente una condena, una sentencia de 10 años por un homicidio que ocurrió en 2003. Tanto líderes sindicales como el Fiscal Especial de Líderes Sindicalistas reportaron que no hubo muertes de líderes sindicales durante el año.
Un movimiento de solidarismo activo afirma tener aproximadamente 170,000 miembros en aproximadamente 400 empresas. Los sindicatos pueden operar libremente en aquellos lugares de trabajo que tienen asociaciones de solidarismo, y los trabajadores tienen el derecho de elegir entre pertenecer a uno o a ambos. El Gobierno veía a estas asociaciones como organizaciones cívicas que no necesariamente interfieran con el funcionamiento de los sindicatos. El Código de Trabajo estipula que los sindicatos tienen derecho exclusivo de negociar las condiciones de trabajo en representación de los trabajadores. Sin embargo, de acuerdo con acusaciones de los sindicatos, la administración asciende a trabajadores del movimiento solidarista para evitar la formación de sindicatos o para competir con los sindicatos existentes. Representantes de la mayoría de los grupos laboristas organizados criticaron a estas organizaciones por no permitir huelgas, por tener procedimientos de queja inadecuados y por anteponer a los sindicatos genuinos e independientes una estructura dominada por los empleadores.
Desde enero hasta el 10 de septiembre, el Ministerio de Trabajo concedió estatus legal a 45 sindicatos nuevos. Mil seiscientos y cincuenta y seis sindicatos han sido inscritos en el país. Sin embargo, sólo 379 estaban activos (229 en el sector público y 132 en el sector privado). Estos sindicatos representaban una membresía total de más de 56,000, pero muchos sindicatos no presentaron la lista de sus asociados al Gobierno. Algunas personas estiman que la membresía actual de los sindicatos es de más de 100,000, aunque no existe un registro oficial. Fuentes del Ministerio de Trabajo observaron que los 56,000 corresponden a 3 por ciento de la fuerza laboral en el sector form
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