Derechos Humanos

APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS Y LA DEMOCRACIA:
HISTORIAL DE ESTADOS UNIDOS EN 2004-2005

Publicado por la Oficina Pro Democracia, Derechos Humanos y Trabajo

GUATEMALA

28 de marzo de 2005

El Gobierno de Guatemala generalmente respetó los derechos de sus ciudadanos; sin embargo, persisten problemas muy serios. Las instituciones estatales encargadas de aplicar el estado de derecho siguieron débiles. La brutalidad policial y las condiciones carcelarias fueron preocupantes. Arrestos arbitrarios y detenciones prolongadas previas a los juicios fueron un problema. La intimidación y la corrupción de jueces y de otros funcionarios encargados de aplicar la ley fue generalizada. Amenazas contra organizaciones no gubernamentales (ONGs) y activistas de derechos humanos de parte de personas sin identificar continuaron casi igual que en el año anterior. La Administración Berger tomó pasos significativos para reducir y reformar el Ejército. Hubo progreso investigando la corrupción oficial, y continuaron los esfuerzos para reformar el Organismo Judicial. La impunidad por delitos de violencia criminal fue penetrante.

La estrategia de derechos humanos y democracia de los Estados Unidos está dirigida para fomentar y apoyar los esfuerzos del Gobierno de fortalecer las instituciones democráticas, mejorar el estado de derecho y la transparencia, así como apoyar las iniciativas claves de derechos humanos.

En un esfuerzo para fortalecer los avances democráticos que se han logrado durante la última década, los Estados Unidos le brindó capacitación para el desarrollo político a todos los partidos del medio. La ayuda se centralizó para identificar las causas básicas de las debilidades de los partidos, promoverles reformas, democratización interna, así como mecanismos para una rendición de cuentas responsable diseñados para su modernización, y lograr alcanzar a los constituyentes. Utilizando el programa para la decentralización y gobierno local de la Agencia para el Desarrollo Internacional, los Estados Unidos trabajó para fortalecer las políticas nacionales que promueven la decentralización (i.e. el código de impuesto municipal), y en el nivel local, en las áreas geográficas establecidas, para mejorar la generación de recursos, la administración de la eficiencia y la transparencia, la respuesta a las necesidades de los ciudadanos, y la participación de los ciudadanos para determinar las prioridades locales.

En septiembre de 2004, los Estados Unidos inició un nuevo programa dirigido para fortalecer el estado de derecho, que se basa en las anteriores reformas de justicia para mejorar la transparencia y la eficiencia de los procesos judiciales criminales, implementando programas de prevención criminal, aumentando el uso alterno de la resoluciones de conflictos, y desarrollando un liderazgo más fuerte y apoyo a la reforma de la justicia en Guatemala. Para tratar profundos problemas en el sistema judicial del país, los Estados Unidos financió la expansión de un red de Centros de Justicia para mejorar el acceso a la justicia y modernizar el sector de la justicia, poniendo en la práctica reformas administrativas para mejorar las operaciones judiciales.

En coordinación con el Centro de Justicia en Villa Nueva, ubicado en un suburbio de la capital, los Estados Unidos apoyó una intensiva capacitación de la policía, especialmente dirigida para combatir el problema de la alarmante violencia de las maras que azota una gran parte de Centro América. Los Estados Unidos le proporcionó apoyo material al Fiscal Especial de Crímenes contra los Activistas de Derechos Humanos de la Oficina del Ministerio Público. Para apoyar la investigación de los policías implicados en crímenes o corrupción, los Estados Unidos le brindó adiestramiento y apoyo material a la Oficina de Responsabilidad Profesional de la Policía Nacional Civil, que es el quivalente de un Inspector General. Los Estados Unidos también apoyó una coalición para la prevención del crimen, que inauguró un centro de auto ayuda y capacitación para la juventud con desventajas, ubicada en una finca que anteriormente era un lugar de recreo presidencial.

El Presidente Bush, el entonces Secretario de Estado Powell, los entonces Subsecretarios Bolton y Grossman, y los Subsecretarios Dobriansky, y el Asistente del Secretario Noriega, el Asistente del Secretario Fisk y otros más, le han manifestado su preocupación por la situación de los derechos humanos durante sus reuniones al Presidente Oscar Berger, al Vicepresidente Eduardo Stein, a los miembros del Congreso y a otros funcionarios guatemaltecos de alto nivel. La Embajada le manifestó su interés en casos claves a las autoridades encargadas de investigar abusos de derechos humanos durante el año. Por lo general las autoridades cooperaron y en varios casos trasladaron sus recursos para investigar casos de particular preocupación. El Embajador Hamilton se reunió frecuentemente con dirigentes de derechos humanos y públicamente expresó el apoyo de los Estados Unidos al trabajo que realizan, ofreciendo una recepción en honor de la comunidad guatemalteca de derechos humanos. El Embajador ha abogado por numerosas iniciativas de derechos humanos con el Gobierno, incluyendo el establecimiento de una oficina local de las Naciones Unidas para el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, de la Comisión de las Naciones Unidas para Investigar Grupos Clandestinos propuesta por la sociedad civil, de una legislación más fuerte para enjuiciar a los traficantes de personas, y de un mejor trabajo legislativo. La Embajada continua exhortando al Gobierno para que investigue amenazas contra defensores de los derechos humanos, periodistas, y trabajadores del Organismo Judicial, así como brindarle protección a las víctimas cuando sea necesario y posible. A través del Programa de Visitantes Internacionales, la Embajada patrocinó viajes enfocados en los derechos humanos y en un periodismo libre para los dirigentes de la sociedad civil, propocionándoles la oprtunidad de interactuar con organizaciones paralelas en los Estados Unidos e intercambiar experiencias.

Los Estados Unidos completó un programa de tres años sobre derechos humanos en septiembre de 2004. Por medio de este proyecto, los Estados Unidos apoyó esfuerzos básicos de derechos humanos, incluyendo la capacitación de promotores locales de derechos huanos, campañas en los medios, y apoyo específico para la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos (capacitación limitada y equipo). El proyecto también apoyó el Movimiento de los Derechos Humanos, una coalición de ONGs de derechos humanos. El programa ha mejorado el conocimiento y ha incrementado la demanda de capacitación y comprensión de leyes sobre derechos humanos y tratados, especialmente los relacionados con la población indígena, mujeres y niños. Los donatarios difundieron información sobre el conflicto civil a más de 44,000 personas. El programa y sus contrapartes influenciaron la creación de un Programa y Comisión Nacional de Resarcimiento. Rosalina Tuyuc, una contraparte del programa, fue seleccionada por el Presidente para dirigir la Comisión y varios otros son miembros.

El Presidente Berger nombró a Frank LaRue, un dirigente clave del movimiento de derechos humanos, para dirigir la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, en enero de 2004. Es alentador que la sociedad civil ha florecido en Guatemala desde 1996, y que actualmente es un mayor contribuyente de las políticas de derechos humanos del nuevo Gobierno.

Desde 1999, los Estados Unidos ha financiado la exhumación de fosas comunes del conflicto interno de Guatemala, facilitándole a las familias concluir con ese proceso y darle cristiana sepultura a las víctimas. Los antropólogos forenses han exhumado más de 2,857 restos en más de 321 fosas, desde que se inciaron las exhumaciones en 1992. Durante este año, los antropólogos forenses han exhumado 433 restos en 71 diferentes lugares. El proyecto también brinda servicios profesionales de salud mental, todo relacionado con las exhumaciones.

Los Estados Unidos financió las negociaciones entre la sociedad civil y el Gobierno para crear un Plan Nacional de Resarcimiento, que se estableció para compensar a las víctimas de conflicto civil. En marzo del 2004, Estados Unidos anunció que apoyaría un programa para brindar defensa sistemática y presión para el seguimiento legal en los casos de abusos de derechos humanos del conflicto civil. El proyecto también servirá para restaurar procesos de justicia y resoluciones alternas de disputas a nivel local.

Los Estados Unidos le proporcionó asistencia al Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas que apoya las relaciones cívico-militares, fortaleciendo la capacidad de las instituciones civiles para comprender y comprometerse en dialogar sobre asuntos de seguridad e inteligencia. El trabajo de una comisión preparatoria, financiada por los Estados Unidos, condujo a la instauración de un Consejo Asesor de Seguridad Civil del Presidente en junio del 2004.

Los Estados Unidos inició una iniciativa para resolver conflictos de tierras a través de la mediación. Estos conflictos orillaron al Gobierno desalojar a los invasores de fincas y, en una ocasión, a la violencia.

Los Estados Unidos apoyó a la Comisión Presidencial contra el Racismo y la Discriminación contra Grupos Indígenas así como el nombramiento de una Asamblea Nacional Indígena. Los EstadosUnidos participó en un diálogo de donantes sobre asuntos indígenas para prevenir la duplicidad de esfuerzos. Los Estados Unidos también patrocinó una conferencia video digital entre líderes indígenas en Panamá, Guatemala y los Estados Unidos, para discutir los obstáculos que actualmente enfrentan estas poblaciones.

Para fomentar un cuerpo de seguridad más profesional y para reducir abusos a los derechos humanos, los Estados Unidos trabajó con el Ministerio de la Defensa para desarrollar un Acuerdo sobre de Derechos Humanos con el Ejército. En diciembre, los dirigentes de la sociedad civil y la Procuradoría de los Derechos Humanos trabajaron con oficiales del Ejército para diseñar un plan para sistematizar el cumplimiento de los derechos humanos, de parte de los militares en las relaciones cívico-militares, y para establecer capacitación y educación, doctrina sobre derechos humanos y controles internos para prevenir abusos. El General Wendell Griffin, Brigadier General del Comando Sur de los Estados Unidos, participó en el evento para expresarle su apoyo por las reformas al Ministerio de la Defensa de Guatemala. Los Estados Unidos imprimió y divulgó ejemplares del “Libro Blanco”, el nuevo código de conducta militar, que fue elogiado por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala.

Los Estados Unidos está comprometido con dos proyectos regionales para fortalecer la aplicación de normas laborales. Los Estados Unidos ha iniciado el segundo año de un proyecto de cuatro años para fortalecer a las inspectorías de trabajo en Centro América. El 2004 se caracterizó por la inauguración del segundo proyecto de cuatro años de duración que promueve la educación sobre los derechos laborales. Entre otras actividades de este año, el proyecto apoyó la creación de un portal en la red que difunde información correcta sobre las leyes laborales. Los Estados Unidos negoció el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centro América (CAFTA) con los países de Centro América, incorporando la protección de los derechos laborales. Si se ratifica, el CAFTA substituirá las regulaciones de las condiciones laborales actuales con el Sistema General de Preferencias (GSP). Una delegación inter-agencia de los Estados Unidos llevó a cabo consultas bilaterales laborales en mayo. En febrero del 2004, el Representante Comercial de los Estados Unidos llevó a cabo audiencias referentes a peticiones labores del Sistema General de Preferencias. En todos estos intercambios, los funcionarios estadounidenses expresaron su preocupación por la necesidad que el Gobirno investigue a profundidad los hechos de violencia del pasado contra dirigentes de sindicatos, le haga reformas a su sistema de justicia laboral y vuelva a contratar a los trabajadores ilegalmente despedidos por sus actividades sindicales. La Embajada continúa manifestándole su preocupación al Gobierno por la potencial violencia contra los sindicatos del sector de la maquila, donde la formación de los sindicatos es prácticamente inexistente. En marzo del 2005, los Estados Unidos se comprometió a financiar un programa para hacer cumplir los derechos laborales en Guatemala y El Salvador.

Guatemala fue calificado como país Nivel II en la Lista de Vigilancia del Informe sobre el Tráfico de Personas del Departamento de Estado para el año 2004, que se envía al Congreso. Los funcionarios estadounidenses le informaron al Gobierno de las implicaciones del informe y lo instaron para que intensifique sus esfuerzos para prevenir, enjuiciar y castigar este crimen. Los funcionarios estadounidenses también urgieron a Guatemala para que implemente el Memorandum de Entendimiento que firmó con México para ayudar a las víctimas en las áreas fronterizas de ambos países. En respuesta, el Gobierno formó un grupo de trabajo inter-agencias, integrado por Ministerios, el Congreso, el Ministerio Público y el Organismo Judicial. La Embajada participó activamente en este proceso, para ayudar a coordinar estos esfuerzos. La Embajada ha urgido al Gobierno y a los miembros del Congreso para que endurezca las sanciones contra los traficantes, habiendo respondido con una nueva ley, aprobada en febrero del 2005, para ampliar los poderes de enjuiciamiento para luchar contra el trafico ilegal de personas. Para apoyar estos esfuerzos adicionales del Gobierno, los Estados Unidos anunció varios programas integrados para combatir el tráfico ilegal de personas. Estos programas apoyaron los esfuerzos del Fiscal Especial de Crímenes contra Mujeres y de la Secretaría de Bienestar Social, así como un proyecto regional de tres años para el desarrollo de redes nacionales y locales para la prevención del tráfico ilegal de personas y la protección de las víctimas. Este último proyecto también incluye apoyo para el desarrollo contínuo y la implmentación de mejores leyes contra el tráfico ilegal de peersonas, y una campaña en los medios para aumentar la concientización sobre los peligros del tráfico de personas entre las poblaciones vulnerables. Los Estados Unidos tiene programado llevar a cabo talleres de capacitación para fiscales y jueces para aprender a manejar el tráfico de personas.

Para ver las secciones de este informe referentes a otros países,
por favor visite la página del Departamento de Estado en la dirección:
http://www.state.gov/g/drl/rls/shrd/2004/