Derechos Humanos

APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS Y LA DEMOCRACIA:
HISTORIAL DE LOS ESTADOS UNIDOS EN 2006

Publicado por la Oficina para la Democracia, Derechos Humanos y Trabajo

GUATEMALA

5 de abril de 2007

Guatemala es una república democrática multipartidaria. En elecciones generales celebradas en 2003, ampliamente consideradas por observadores internacionales como libres y justas, Oscar Berger de la coalición Gran Alianza Nacional fue electo a un mandato de cuatro años, que comenzó en enero de 2004.

Aunque el gobierno generalmente respetó los derechos humanos de sus ciudadanos, persistían serios problemas. Problemas de derechos humanos y sociales incluyeron la falta del gobierno de investigar efectivamente y castigar muertes ilegales cometidas por miembros de las fuerzas armadas; extendida violencia social, incluyendo numerosos asesinatos; corrupción y sustanciales deficiencias en los sectores policía y judicial, participación de la policía en secuestros; impunidad por actividad criminal; condiciones penitenciarias duras y peligrosas; arresto y detención arbitrarios; falta del sistema judicial en asegurar la plena y oportuna investigación o juicios justos, falta de protección a los funcionarios del sistema judicial, testigos y organizaciones de la sociedad civil contra la intimidación; discriminación y violencia contra mujeres; discriminación y violencia contra los homosexuales, travestís y personas trasgénero; trata de personas, discriminación étnica; y aplicación poco efectiva de las leyes laborales, incluyendo las disposiciones contra el trabajo infantil.

La estrategia de los Estados Unidos para promover los derechos humanos y la democracia en el país se enfocó en ayudar al gobierno a fortalecer sus instituciones democráticas, estimulando, a la vez, la transparencia, la responsabilidad y el respeto por los derechos humanos y el estado de derecho. Los esfuerzos del Gobierno de los Estados Unidos apoyaron la capacitación de la policía a fin de mejor proteger a la sociedad y respetar los derechos humanos y el fortalecimiento de la capacidad de la sociedad civil para participar con el gobierno en la consolidación de la democracia.

Uno de los retos al sistema democrático del país es la baja participación ciudadana en el proceso político. Los Estados Unidos, juntamente con varios otros donantes, implementó un proyecto por medio de la Organización de los Estados Americanos, destinado a ayudar al Supremo Tribunal Electoral a implementar nuevas reformas en la Ley Electoral. Estas reformas incluían la descentralización de los centros de votación para las elecciones generales de 2007 a fin de estimular una participación ciudadana más amplia. El proyecto también apoyó iniciativas de la sociedad civil para monitorear el proceso electoral. Los Estados Unidos amplió su Programa de Descentralización y Gobierno Local, especialmente en el área de San Marcos, colindante con México y afectada por el huracán Stan, a fin de fortalecer la descentralización, la participación ciudadana y la transparencia en la gobernabilidad local en 29 municipios y asociaciones municipales. El programa asistió a los gobiernos locales en participación ciudadana, liderazgo, resolución de conflictos y planificación participativa, con énfasis en la inclusión de la mujer y comunidades indígenas. El programa también fortaleció las asociaciones de gobierno local y promovió reformas de política nacional a favor de la descentralización.

Aunque el gobierno generalmente respetó la libertad de expresión y de prensa, en la práctica la prensa no siempre gozó de una relación productiva de trabajo con las instituciones de gobierno, particularmente la Policía Nacional Civil. Los Estados Unidos continuó proveyendo capacitación a los medios impresos y de radio y televisión, fortaleciendo así las relaciones con la prensa de Guatemala. Los Estados Unidos también patrocinó a periodistas radiales en un curso de tres días sobre las técnicas de entrevista y transmisión de noticias.

Los Estados Unidos apoyó la capacitación de 969 agentes de la Policía Nacional Civil, incluyendo a 86 específicamente capacitados en manejo de escenas del crimen. La capacitación financiada por los Estados Unidos incluyó protección de la escena del crimen, obtención de la evidencia, preservación de la evidencia y la debida cadena de custodia. Los Estados Unidos participó con el Gobierno de Guatemala para desarrollar cursos de derechos humanos para la policía. Los programas de los Estados Unidos también financiaron un consultor en la Academia de la Policía Nacional Civil para desarrollar un currículo de capacitación que incluyó un componente de derechos humanos. Además, 423 agentes antinarcóticos recibieron aproximadamente 24 horas de capacitación en derechos humanos, financiadas por los Estados Unidos, en la Escuela Centroamericana de Capacitación Canina en Los Pinos.

El país cuenta con una sociedad civil fuerte y diversa, que desempeña un papel importante como perro guardián y de abogacía en el apoyo a los derechos humanos y principios democráticos. Durante el año, el Embajador James M. Derham y otros representantes del Gobierno de los Estados Unidos se reunieron con frecuencia con periodistas, defensores de los derechos humanos, ONGs consternadas por la violencia contra la mujer, representantes de las comunidades indígenas, dirigentes laborales y otros miembros de la sociedad civil a fin de expresar apoyo público por su labor. Funcionarios estadounidenses continuaron instando al Gobierno de Guatemala a investigar adecuadamente las amenazas y atentados con los defensores de los derechos humanos y otros dirigentes de la sociedad civil y proveer protección a aquellas personas cuyas vidas eran amenazadas.

Como en años anteriores, varias ONGs informaron de allanamientos de sus oficinas y expresaron la preocupación de que los que cometieron estos actos estaban buscando información sensible sobre los derechos humanos y actividades de promoción de la democracia.

Los Estados Unidos avalaló los esfuerzos del gobierno guatemalteco a fin de que la ONU desplegara un equipo de investigadores y fiscales para ayudar a desmantelar a las organizaciones criminales. El gobierno y la ONU firmaron un convenio en diciembre buscando establecer la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Si el Congreso ratifica este convenio, la comisión, encabezada por la ONU, operaría bajo la autoridad del Ministerio Público, enfocada en las organizaciones criminales que han infiltrado las instituciones del Estado.

Una grave amenaza a la democracia en el país es su débil sistema judicial. Los Estados Unidos proporcionó asistencia material y técnica sustancial para continuar fortaleciendo la capacidad de las instituciones del sector justicia y consolidar reformas iniciadas bajo los Acuerdos de Paz de 1996. En un esfuerzo por mejorar la persecución de delitos graves, los Estados Unidos brindó asistencia técnica para la implementación de mejores procedimientos en la preparación de juicios y manejo de casos. El ejemplo más notable fue el diseño y la implementación de un tribunal penal de 24 horas en Ciudad Guatemala. El programa dramáticamente mejoró la adhesión al debido proceso, reduciendo instancias de detención arbitraria y permitiendo a los fiscales y abogados de la defensa a tomar acción inmediata en los casos. Aportó asistencia técnica, oficinas renovadas, y facilitó el diálogo entre la Corte Suprema, el Ministerio Público, la Defensoría Pública y el Ministerio de Gobernación con el fin de mejorar la calidad del servicio de los tribunales penales. El programa también ayudó a rediseñar la organización de la Fiscalía contra el Homicidio a fin de implementar metodologías para la organización de casos, monitoreo y supervisión.

En octubre, el Gobierno de Guatemala ratificó la Convención de la ONU sobre la Anticorrupción. Desde enero de 2005, programas estadounidenses habían provisto asistencia técnica al gobierno y a la sociedad civil con el fin de desarrollar una agenda anticorrupción como medio para apoyar la implementación de la convención de parte del gobierno. En noviembre, los Estados Unidos aportó apoyo técnico y financiero al gobierno y una ONG local para acoger la XII Conferencia Internacional Contra la Corrupción de Transparencia Internacional e implementar un acuerdo ejecutivo sobre la libertad de información. A fin de aumentar la capacidad de la Policía Nacional Civil de investigar a agentes implicados en crímenes o corrupción, el Gobierno de los Estados Unidos ayudó a la nueva Inspección General a definir su mandato, estructura y lineamientos operacionales para supervisar a la Oficina de Responsabilidad Profesional. Los Estados Unidos apoyó los esfuerzos del gobierno para promulgar leyes contra el crimen, incluyendo una ley contra el crimen organizado, que entró en vigor en agosto. Esta ley crea los delitos de conspiración y obstrucción de la justicia y por primera vez prevé el uso de la negociación de penas.

Programas de los Estados Unidos brindaron apoyo y capacitación al Fiscal Especial de los Derechos Humanos y al Fiscal Especial para Crímenes contra la Mujer, Niños y Víctimas de Trata de Personas. A igual que en años anteriores, los Estados Unidos continuó brindando asistencia a la Defensoría Pública del gobierno para monitorear la adhesión a las normas del debido proceso de parte de autoridades de seguridad, investigación y prosecución.

En mayo, la Coordinadora para la Modernización del Sector Justicia absorbió una red de 15 centros de justicia. Durante varios años, los Estados Unidos financió estos centros como medio para modernizar y agilizar los procesos judiciales y llevarlos al alcance de más ciudadanos. El éxito notable de la red produjo un efecto multiplicador, promoviendo iniciativas locales, tales como albergues para víctimas de la violencia doméstica, una oficina de prestación de servicios legales en la Universidad de San Carlos para casos no penales y mejoras en los servicios administrativos prestados por otras instituciones del sector justicia. Para fin de año, todos los centros de justicia estaban integrados en un sistema nacional para promover el acceso a la justicia y la coordinación de las instituciones del sector justicia.

Problemas no resueltos surgidos del conflicto armado interno de 1960-96 continuaron a minar el respecto por los derechos humanos y el estado de derecho. Muchas víctimas de crímenes políticos y abusos de los derechos humanos continuaban desaparecidas, mientras que los presuntos perpetradores continuaban gozando de la impunidad. Para apoyar el respecto por los derechos humanos, los Estados Unidos financió un proyecto que recogió testimonios y otras evidencias relacionadas con abusos de derechos humanos en el pasado y que estableció un equipo de trabajo entre grupos de la sociedad civil e instituciones gubernamentales, buscando desarrollar y enjuiciar casos relacionados con asesinatos y otros abusos de derechos humanos cometidos durante el conflicto armado. El proyecto buscaba vencer obstáculos a la persecución penal que permitían la impunidad, y estableció la base para futuros enjuiciamientos en otros casos de derechos humanos.

Para fines de año, la Fundación Antropológica de Guatemala había llevado a cabo trabajos fundamentales concernientes a personas asesinadas durante el conflicto armado en 147 sitios, principalmente en el Altiplano Occidental. La Fundación, financiada por los Estados Unidos, practicó aproximadamente el 90 por ciento de todas las exhumaciones durante el año. Funcionarios de los Estados Unidos presenciaron algunas de estas exhumaciones. El Embajador Derham visitó los laboratorios de la Fundación para de manifestar su apoyo a los trabajadores forenses y a las familias de las víctimas fallecidas durante el conflicto armado. El Programa de Resarcimiento Nacional, creado como resultado de un proyecto de tres años financiado por los Estados Unidos, continuó haciendo pagos de resarcimiento a las víctimas civiles del conflicto armado.

Como resultado de la asistencia técnica de los Estados Unidos y del diálogo con el Ministerio de la Defensa para incorporar la capacitación en derechos humanos en su currículo, durante el año 12,066 militares recibieron capacitación formal sobre derechos humanos. Se requiere que todo el personal militar reciba capacitación en derechos humanos como parte normal del currículo en todas las academias militares del país.

Históricamente, las mujeres y las personas indígenas han estado excluidas en gran parte de posiciones de influencia en la política y en los negocios. Para estimular una mayor participación, los Estados Unidos activamente reclutó mujeres e indígenas para participar en sus programas de Visitantes Internacionales, Liderazgo y Fulbright. Los beneficiarios de estos esfuerzos incluyeron a una mujer indígena en la Oficina de Planeamiento Municipal de Huehuetenango, quien participó en el Programa de Visitantes Voluntarios para Alcaldes de Provincia, y otra mujer indígena de la Presidencia, quien asistió a la Cumbre de Liderazgo de la Mujer con Voz Vital para América Latina.

Los problemas de la tierra, una de las fuentes de amplio conflicto político en el pasado, continuó siendo un problema grave en Alta Verapaz. A igual que en años anteriores, programas de los Estados Unidos financiaron una ONG local para mediar conflictos de la tierra e introducir su metodología de mediación a las autoridades locales. El financiamiento de los Estados Unidos también continuó brindando capacitación al personal del Ministerio Público en derechos de la mujer, a fin de lanzar una campaña de concientización pública en varios idiomas indígenas y desarrollar un programa de diplomado para profesionales del sector justicia, mujeres indígenas y grupos de abogacía de la sociedad civil.

Los Estados Unidos se enfocó en la construcción de la capacidad de las instituciones gubernamentales para combatir el trabajo infantil y la trata de personas. Hasta diciembre, los Estados Unidos financió proyectos para mejorar el cumplimiento con las leyes laborales y reducir la incidencia del trabajo infantil. Por medio de estos proyectos, los Estados Unidos apoyó los esfuerzos del Ministerio de Trabajo y ONGs por capacitar a los inspectores de trabajo, educar a los empleadores y trabajadores acerca de sus derechos y responsabilidades y proveer oportunidades de educación a niños que de otra forma se verían obligados a trabajar.

Los Estados Unidos también continuó financiando esfuerzos contra la trata de personas. En junio, programas estadounidenses concedieron una subvención de 18 meses a una ONG local para que emprendiera un proyecto enfocado en las víctimas de la trata. El programa buscaba rescatar a menores sexualmente explotados y evitar que los menores se dedicaran a la prostitución, ampliando el servicio de albergues, la atención de salud mental y física y la asistencia legal para las víctimas de la trata. El proyecto se enfocó en mejorar la capacidad institucional de los oficiales de la ley para identificar casos de trata, hacer más fuertes los casos para la prosecución y crear lazos más fuertes con la sociedad civil. Este complementó un programa similar del lado mexicano de la frontera bajo una iniciativa antitrata de los Estados Unidos.

Para ver las secciones de este informe referentes a otros países,
por favor visite la página del Departamento de Estado en la dirección:
http://www.state.gov/g/drl/rls/shrd/2006/