Asuntos de Inmigración

Informe Anual Sobre la Trata de Personas 2007

12 de Junio de 2007

A continuación una traducción extraoficial del séptimo Informe Anual sobre Trata de Personas (sección Guatemala), publicado por el Departamento de Estado de EE.UU.

GUATEMALA (Nivel 2 - Lista de Vigilancia)

Guatemala es país fuente, de tránsito y de destino para guatemaltecos y centroamericanos traficados con fines de explotación laboral y de sexo comercial. La trata de personas es un problema significativo y creciente en el país. Mujeres y niños guatemaltecos traficados a través de Guatemala de El Salvador, Honduras y Nicaragua están sujetos a la explotación sexual comercial en México, Belice y los Estados Unidos. En la región fronteriza con México, niños guatemaltecos son explotados para el trabajo forzado y la mendicidad; hombres guatemaltecos son explotados para el trabajo y la agricultura comercial. Las regiones fronterizas con México y Belice siguen siendo de primera preocupación debido al gran flujo de migrantes indocumentados, muchos de quienes resultan ser víctimas de los tratantes.

El Gobierno de Guatemala no cumple a cabalidad con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas, aunque está haciendo esfuerzos significativos para hacerlo. Guatemala está colocada al Nivel 2 de la Lista de Vigilancia por no demostrar que haya emprendido nuevos esfuerzos por combatir la trata de personas, particularmente en lo que se refiere a acciones judiciales que resulten en la condena y sentencia de los tratantes por sus delitos. El gobierno demostró su compromiso para combatir la trata de personas al patrocinar campañas públicas de concientización dirigidas a las víctimas, promoviendo reformas necesitadas al código penal, liderando la cooperación anti-trata con países vecinos y estimulando una conciencia anti-trata entre funcionarios de gobierno a través de un grupo de trabajo interagencial. Sin embargo, el gobierno no logró condenas o castigos en casos de la trata de personas durante el año. El gobierno necesita hacer todos los esfuerzos posibles para llevar a cabo reformas legislativas necesarias para abordar efectivamente los delitos asociados con la trata de personas. También debería dar consideración a brindar mayor protección legal a las víctimas extranjeras de la trata de personas y continuar colaborando con las ONGs y la sociedad civil con fines de mejorar los servicios para las víctimas, especialmente para adultos. Son metas adicionales la provisión de capacitación de jueces y policía en el campo de la trata de personas y dedicar más recursos a la policía y a los fiscales contra estos delitos.

PROSECUCIÓN

Los esfuerzos del gobierno por castigar a los tratantes cayeron precipitadamente durante el período de este informe. Treinta y dos casos relacionados con la trata de personas fueron denunciados al Ministerio Público, de los cuales 28 investigaciones siguen abiertas, no se reportaron condenas. Esto representa una baja significativa en comparación con el año anterior, en que se lograron 50 procesos y 15 condenas. Los fiscales continúan encarando problemas en los tribunales con la aplicación de las leyes anti-trata, que fueron modificadas en 2005 para ampliar la definición de trata de personas y permitir condenas de siete a 16 años. Estas penas son suficientemente severas y proporcionales a las penas por otros delitos graves. Muchos jueces desestimaron cargos bajo el nuevo estatuto a favor de infracciones mejor definidas y más familiares, que conllevan penas mucho menores, en la mayoría de los casos multas no acompañadas de prisión. Los esfuerzos por reformar el código penal y desarrollar una legislación más amplia contra la trata de personas deberán abordar estas preocupaciones a fin de asegurar que los tratantes sean condenados y que cumplan con severas sentencias. El gobierno siguió siendo un líder contra la trata de personas, cooperando y compartiendo información con países vecinos, abogando por un enfoque regional al combate a la trata de personas. Pero informes creíbles también indican que algunos funcionarios locales han facilitado actos de trata de personas, comprometiendo las investigaciones policíacas y batitas de prostíbulos, aceptando sobornos y falsificando documentos de identidad. El gobierno deberá tomar pasos adicionales para identificar y castigar a estos funcionarios corruptos.

PROTECCIÓN

Los esfuerzos de protección del gobierno seguían siendo inadecuados. El gobierno no ofrece asistencia dedicada a las víctimas de la trata de personas. Las víctimas infantiles reciben atención básica en siete albergues operados por el gobierno. El gobierno refiere a la mayoría de las víctimas al cuidado de la ONGs. Las autoridades gubernamentales estimulan a las víctimas a cooperar en la investigación y procesos de sus tratantes. Mientras que los derechos de las víctimas son generalmente respetados, víctimas adultas extranjeras no reciben alternativas legales a la remoción a países en que encaran penurias o retribución. El año pasado, 564 extranjeros, la mayoría provenientes de Centro América, fueron rescatados de prostíbulos, pero luego fueron deportados. Muchos eran víctimas potenciales de la trata de personas. El gobierno también rescató a 300 niños, que fueron transferidos a ONGs. Debido a limitaciones de recursos y el volumen de migrantes en el país, muchos extranjeros simplemente son dejados en la frontera; algunos son víctimas potenciales de la trata de personas y vuelven a caer en manos de los tratantes. No existe ningún mecanismo gubernamental significativo para tamizar a víctimas potenciales de la trata de personas.

PREVENCIÓN

El gobierno tomó pasos sólidos para prevenir la trata de personas durante el período que se reporta. Lanzó campañas nacionales de concientización pública para advertir a las víctimas potenciales de los peligros de la trata de personas, a través de carteles, folletos, difusiones radiales y anuncios en los buses. Una campaña tuvo como blanco las fronteras sureñas con El Salvador y Honduras. El gobierno también apoya programas de becas para mantener a los niños pobres en las escuelas.