Asuntos de Inmigración

Informe Anual Sobre la Trata de Personas 2008

4 de Junio de 2008

A continuación presentamos una traducción extraoficial del octavo Informe Anual sobre la Trata de Personas (sección Guatemala), publicado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

GUATEMALA (Nivel 2 - Lista de Vigilancia)

Guatemala es un país fuente, de tránsito y de destino para guatemaltecos y centroamericanos que son tratados con fines de explotación sexual comercial y trabajo forzado. La trata de personas es un problema significativo y creciente en el país. Organizaciones no gubernamentales (ONGs) han informado de un problema naciente de turismo sexual infantil en ciertas áreas turísticas. Mujeres y niños guatemaltecos son tratados dentro del país, y principalmente hacia México y los Estados Unidos para explotación sexual comercial. Hombres, mujeres y niños guatemaltecos son tratados dentro del país, así como a México y los Estados Unidos para realizar trabajo forzado. En el área de la frontera mexicana, niños guatemaltecos son explotados para realizar trabajo forzado y mendigar; hombres y mujeres guatemaltecos son explotados para trabajo agrícola. Las áreas de las fronteras con México y Belice siguen siendo de primera preocupación debido al gran flujo de migrantes indocumentados, muchos de los cuales resultan ser víctimas de los tratantes. Guatemala es un país de destino para las víctimas de El Salvador, Honduras y Nicaragua, que están sujetas a la explotación sexual comercial, y un punto de tránsito para los centroamericanos que son tratados hacia México y los Estados Unidos.

El gobierno de Guatemala no cumple completamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata; sin embargo, está haciendo esfuerzos significativos para lograrlo. No obstante, Guatemala está ubicado al segundo nivel, lista de vigilancia, por segundo año consecutivo porque no ha proporcionado evidencia de que está realizando esfuerzos mayores para combatir la trata de personas, particularmente con respecto a asegurar que los tratantes sean procesados y castigados apropiadamente por sus crímenes.

Recomendaciones para Guatemala: Promulgar reformas legislativas o tomar otras medidas necesarias para asegurar que los delitos por trata puedan ser procesados con éxito en los tribunales; aumentar los esfuerzos para investigar, procesar, condenar y sentenciar a los tratantes de acuerdo con las leyes existentes, incluyendo a los funcionarios públicos que sean cómplices de la actividad de la trata; mejorar los servicios para las víctimas; proporcionar a las víctimas de la trata extranjera una alternativa legal a ser trasladadas a países en donde puedan enfrentar penas o castigos; incrementar la capacitación sobre el combate de la trata para los jueces y la policía; y dedicar más recursos a los esfuerzos para combatir la trata.

PROSECUCIÓN

El gobierno sustentó esfuerzos limitados contra los tratantes durante el período que cubre este informe. Mientras que los fiscales iniciaron procesos por trata, ellos continuaron enfrentando problemas en los tribunales con respecto a la aplicación de la ley guatemalteca contra la trata, Artículo 194 del Código Penal. Esta disposición estatutaria fue enmendada en 2005 para ampliar la definición de la trata y para establecer de seis a 12 años de prisión, un castigo suficientemente riguroso y en proporción a aquellos para otros crímenes graves, como la violación.

Los crímenes relacionados con la trata incluyen “la corrupción de menores”, la cual dicta penas de dos a seis años de prisión, y “el proxenetismo” o “el instigamiento,” los cuales son penados con multas en vez de prisión. Los jueces continuaron rechazando cargos bajo el Artículo 194, a favor de delitos más familiares pero menos serios, como el proxenetismo, el cual conlleva penas que son inadecuadas para disuadir los crímenes de la trata. Los esfuerzos para reformar la ley contra la trata deben abordar estos asuntos judiciales para asegurar que los tratantes sean condenados con cargos adecuados y cumplan sentencias serias. Durante el período que cubre este informe, el gobierno procesó a ocho acusados por delitos relacionados con la trata, dictando penas menores, asegurando sentencias conmutables entre tres y cuatro años en prisión. No se informó de ningún esfuerzo para procesar a funcionarios de gobierno cómplices de la trata. En noviembre de 2007, el Ministerio Público conformó una unidad de 12 personas dedicada a investigar y a procesar casos de trata de personas y adopción ilegal. Reportes fidedignos de ONGs y organizaciones internacionales indican que funcionarios públicos corruptos dificultaron los esfuerzos de la policía y facilitaron la trata de personas al ignorar la actividad de la trata en burdeles y lugares de sexo comercial, filtrando información acerca de redadas policíacas inminentes a sospechosos de la trata, aceptando o exigiendo sobornos, explotando sexualmente a menores y falsificando documentos de identidad. El incremento de procesos de funcionarios corruptos y la ampliación de la capacitación sobre la trata para la policía y los fiscales, particularmente con relación a las distinciones entre el tráfico de personas y los delitos de la trata de personas, fortalecerían los esfuerzos policíacos.

La capacitación adicional para asistir a los jueces a reconocer los crímenes de la trata y tratar a las víctimas con sensibilidad también reforzaría los esfuerzos del gobierno.

PROTECCIÓN

El gobierno realizó mejoras modestas en sus esfuerzos de protección, pero la asistencia en general siguió siendo inadecuada durante el período que cubre este informe. El gobierno proporciona asistencia limitada dedicada a las víctimas de la trata y depende de ONGs y organizaciones internacionales para proporcionar la mayoría de servicios a las víctimas. Las víctimas infantiles son elegibles para los cuidados básicos en siete alberges administrados por el gobierno, pero fueron usualmente referidas a ONGs, como Casa Alianza, para ayuda específica para las víctimas de la trata. Los servicios para las víctimas adultas permanecen virtualmente inexistentes. En diciembre de 2007, el gobierno abrió un albergue para migrantes en la Ciudad de Guatemala con un espacio separado para las víctimas extranjeras de la trata. Esto marca una mejora con respecto a años anteriores cuando las víctimas extranjeras eran simplemente detenidas antes de ser deportadas. El gobierno también instituyó un protocolo para repatriar a menores extranjeros a sus familias.

Las autoridades guatemaltecas animaron a las víctimas a ayudar con la investigación y proceso de los tratantes, pero muchas de las víctimas fueron reacias a hacerlo por temor a la violencia y a las represalias. Fortalecer el programa de protección a testigos existente y proporcionar apoyo a testigos durante los procedimientos de los tribunales ayudaría a los esfuerzos fiscalizadores del gobierno. A las víctimas adultas extranjeras no se les proporcionaron alternativas legales a ser trasladadas a países en donde puedan enfrentar penas o castigos; en la mayoría de los casos, estas víctimas fueron deportadas prontamente. Debido a las limitaciones de recursos y al volumen de migrantes en el país, algunos extranjeros fueron simplemente abandonados en la frontera. El gobierno continuó usando técnicas policiales proactivas, como las redadas y las operaciones de vigilancia, para rescatar a las víctimas de situaciones de la trata.

Durante el período que cubre este informe, el gobierno instituyó un mecanismo formal para identificar a las víctimas de la trata entre las poblaciones vulnerables, tales como las mujeres prostituidas en burdeles, y desarrolló instrucciones para atender a las víctimas de crímenes sexuales, que incluyeron disposiciones específicas sobre cómo identificar y ayudar a las víctimas de la trata. El gobierno capacitó a los funcionarios consulares en el reconocimiento y la asistencia a guatemaltecos víctimas de la trata en el exterior.

PREVENCIÓN

El gobierno aumentó sus esfuerzos para prevenir la trata durante el período que cubre este informe. En septiembre de 2007, el gobierno lanzó un nuevo centro de llamadas para proporcionar información sobre los peligros de la trata de personas y para referir a las víctimas para que reciban ayuda. El gobierno también continuó con sus campañas de concientización pública a nivel nacional para advertir a los ciudadanos de los peligros de la trata, colocando carteles, folletos, anuncios de radio y publicidad en buses. El gobierno condujo talleres de sensibilización para padres en áreas rurales, llegando a más de 400 personas. En octubre de 2007, el Ministerio de Relaciones Exteriores fue el anfitrión de un seminario regional para desarrollar un modelo de legislación contra la trata en Latinoamérica. Un grupo de trabajo informal e interinstitucional contra la trata se formalizó en una comisión gubernamental, y se adoptó un plan de acción nacional para 10 años para combatir la trata de personas. Una campaña nacional de concientización pública lanzada en 2006 incluyó esfuerzos para reducir la demanda de actos sexuales comerciales.