Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Informe Anual Sobre Trata de Personas 2011

Informe Anual Sobre Trata de Personas 2011

27 de junio de 2011

A continuación les presentamos una traducción extraoficial del décimo Informe Anual sobre la Trata de Personas (sección Guatemala), publicado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

GUATEMALA (Nivel 2)

Guatemala es un país fuente, de tránsito y destino para hombres, mujeres y niños, víctimas de la trata de personas, específicamente con fines de servidumbre sexual y trabajos forzados. Mujeres y niños guatemaltecos se encuentran en condiciones de prostitución forzada dentro del país, así como en México y los Estados Unidos. Niños de Guatemala y de otros países de Centroamérica se encuentran en condiciones de explotación sexual comercial, particularmente en la ciudad de Guatemala y en las fronteras de Guatemala con Honduras y México. Hombres, mujeres y niños guatemaltecos son sometidos a trabajos forzados dentro del país, a menudo en la agricultura o el servicio doméstico, y en particular cerca de la frontera con México y en la región del altiplano. Hombres, mujeres y niños guatemaltecos también se encuentran en condiciones de trabajo forzado en México y los Estados Unidos en la agricultura y la industria del vestuario. Los indígenas guatemaltecos son particularmente vulnerables a la explotación laboral. En la zona fronteriza con México, niños guatemaltecos son explotados para la mendicidad forzada en las calles y el trabajo forzado en los vertederos municipales. Guatemala es un país destino para la prostitución infantil forzada de mujeres y niñas de El Salvador, Honduras, Colombia y Nicaragua. Los migrantes de países centroamericanos transitan a través de Guatemala en ruta a México y los Estados Unidos; algunos pueden convertirse en víctimas de la trata de personas. El turismo sexual infantil es un problema frecuente en ciertas zonas turísticas, tales como La Antigua, Puerto Barrios y los alrededores del Lago de Atitlán; los turistas sexuales infantiles principalmente provienen de Canadá, Alemania, España y los Estados Unidos. De acuerdo con organizaciones no gubernamentales y funcionarios del gobierno, las redes del crimen organizado siguen involucradas en algunos casos de la trata de personas.

El Gobierno de Guatemala no cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata; sin embargo, está haciendo esfuerzos significativos para lograrlo. Durante el período del informe, las autoridades guatemaltecas mantuvieron los esfuerzos para el cumplimiento de la ley contra la trata e inauguraron un albergue especializado para víctimas de la trata de adultos. Las autoridades guatemaltecas continúan colaborando con la sociedad civil para desarrollar e implementar protocolos sobre la protección de las víctimas y aumentar los fondos para la secretaría responsable de la coordinación de los esfuerzos gubernamentales contra la trata. Las unidades de investigación, sin embargo, seguían siendo financiadas insuficientemente, muchos jueces y funcionarios para el cumplimiento de la ley estaban informados insuficientemente sobre la trata de personas y la complicidad oficial seguía obstaculizando los esfuerzos contra la trata.

Recomendaciones para Guatemala:

  • Implementar vigorosamente la ley contra la trata de personas y los estatutos que prohíben el turismo sexual infantil;
  • Continuar los esfuerzos para investigar y procesar los delitos de la trata, especialmente en los casos donde se sospecha de trabajos forzados y de servidumbre doméstica, así como condenar y castigar a los delincuentes de la trata, incluyendo a los funcionarios públicos que sean cómplices en la trata;
  • Mejorar la disponibilidad de servicios especializados para las víctimas en todo el país, incluyendo los que puedan ser ofrecidos a través de alianzas con la sociedad civil;
  • Dirigir entrenamientos contra la trata para jueces locales, policías, oficiales de inmigración y otros funcionarios del gobierno y aumentar los fondos para los esfuerzos contra la trata, particularmente para las unidades fiscales y policiales del país.

PROSECUCIÓN

El gobierno aumentó los esfuerzos en el cumplimiento de la ley contra la trata durante el año. El Artículo 202 del Código Penal guatemalteco, que entró en vigor a principios de 2009, prohíbe el transporte, el traslado, la retención, el hospedaje o la recepción de personas con propósitos de explotación, incluyendo la prostitución forzada, la explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la mendicidad, la esclavitud, las adopciones ilegales o el matrimonio forzado, además de otros propósitos prohibidos. Las penas previstas en el Artículo 202 son de ocho a 18 años de prisión; bajo circunstancias agravantes, tales como cuando el crimen involucra secuestro, amenazas, violencia, armas o a un funcionario público, las penas incrementarán un tercio. Estas penas son suficientemente severas y proporcionales a las prescritas para otros delitos graves, como la violación. Varios casos de la trata, sin embargo, continúan siendo procesados bajo otros estatutos, tales como "corrupción de menores", que conllevan sentencias menores. El gobierno mantuvo una pequeña unidad de fiscales para investigar y procesar los casos de la trata de personas; no obstante, más de la mitad de las investigaciones de esta unidad estuvo enfocada en las adopciones ilegales, las cuales no corresponden a la definición internacional de la trata de personas. Esta unidad sólo tenía tres fiscales y carecía de fondos y personal suficientes. Durante el período que cubre este informe, las autoridades lograron 10 condenas por delitos de la trata de personas, dos de las cuales fueron acusadas bajo la ley contra la trata de personas; las otras convicciones se lograron bajo los estatutos relacionados con el proxenetismo de niños y el empleo de niños en trabajos que arriesgan su integridad y salud. Las sentencias oscilan entre los tres y los cinco años de prisión; todos los condenados por delitos de la trata apelaron y algunos salieron en libertad bajo fianza. En comparación, durante el año anterior el Gobierno de Guatemala informó sobre siete condenas por delitos de la trata de personas, uno de los cuales fue relacionado con trabajo forzado.

La policía y los fiscales contra la trata padecieron falta de financiamiento, recursos humanos y capacitación. Se informó que algunos jueces desestimaron casos de la trata o absolvieron a delincuentes debido a la falta de entendimiento del crimen. Informes creíbles de organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales y varios funcionarios del gobierno continuaron indicando que funcionarios públicos corruptos impidieron los esfuerzos para el cumplimiento de la ley contra la trata y facilitaron la actividad de la trata mediante la aceptación de sobornos o extorsiones, la falsificación de documentos de identidad, la fuga de información sobre redadas pendientes de realizar por la policía y la omisión de la actividad de la trata en sitios de comercio sexual. El gobierno no informó sobre la prosecución o condena de ningún funcionario cómplice de la trata de personas. En colaboración con la sociedad civil y los gobiernos extranjeros, las autoridades guatemaltecas sostuvieron numerosos talleres y conferencias contra la trata dirigidas a educar y a desarrollar capacidades entre los jueces, la policía, los fiscales, los funcionarios de inmigración y otros funcionarios del gobierno, así como a la educación de los diplomáticos extranjeros acreditados en Guatemala acerca del nuevo protocolo del gobierno para la repatriación de las víctimas de la trata. Las autoridades guatemaltecas colaboraron con los funcionarios nicaragüenses, hondureños y salvadoreños en varias investigaciones sobre la trata.

PROTECCIÓN

Aunque el gobierno contó en gran medida con el apoyo de las organizaciones no gubernamentales e internacionales para proporcionar la mayor parte de los servicios a las víctimas durante el período del informe, las autoridades de Guatemala inauguraron un albergue para las víctimas adultas en marzo de 2011 y dedicaron un área y servicios especializados para las víctimas de la trata infantil en un albergue residencial existente para niños. El gobierno informó que emplea un protocolo operativo estándar sobre cómo ayudar a las víctimas de la trata sexual; sin embargo, no emplea procedimientos para identificar a las víctimas de trabajos forzados entre las poblaciones vulnerables y la mayoría de las organizaciones no gubernamentales sigue siendo crítica de la capacidad del gobierno para identificar efectivamente a las víctimas de la trata. Según las organizaciones no gubernamentales, el mecanismo del gobierno para referir a las víctimas de la trata fue simplificado a finales de 2010. Las víctimas infantiles fueron referidas a dos albergues operados por organizaciones no gubernamentales dedicados a las víctimas de la trata de niñas o pudieron haber sido colocadas en hogares estatales diseñados para los niños huérfanos o sin hogar. Las organizaciones no gubernamentales no recibieron financiamiento del gobierno para proporcionar servicios a las víctimas de la trata. Antes de la inauguración del albergue del gobierno, la mayoría de las víctimas adultas extranjeras era colocada en un centro de detención migratorio previo a su repatriación voluntaria. Anteriormente, las víctimas adultas extranjeras eran retenidas en un centro de detención migratorio en condiciones inadecuadas durante meses, antes de su deportación. Durante el período del informe, sin embargo, el Gobierno de Guatemala mejoró el alojamiento dedicado para las víctimas de la trata en el centro de detención migratorio, así como la calidad y la rapidez de la asesoría y de los servicios jurídicos y legales; la mayoría de los casos fueron procesados en una semana. Durante el período examinado, el gobierno identificó 373 posibles víctimas de la trata, de las cuales 180 fueron alojadas en el centro de detención migratorio, y determinó que 54 eran víctimas de la trata. Aunque las autoridades guatemaltecas exhortaron a las víctimas a que ayudaran con la investigación y la prosecución de sus tratantes, la mayoría de las víctimas no presentaron denuncias por temor a la violencia o las represalias y por la insuficiencia de los programas limitados del gobierno para proteger a los de testigos de posibles represalias. La legislación guatemalteca permite el testimonio de la víctima a través de video y algunas así lo hicieron. El gobierno no detuvo, multó o penalizó de alguna otra manera a las víctimas identificadas por actos ilícitos cometidos como resultado directo de ser víctimas de la trata. Sin embargo, algunas de las víctimas extranjeras de la trata no pudieron ser reconocidas en su estatus de víctimas por las autoridades guatemaltecas antes de ser deportadas como inmigrantes indocumentados. La legislación guatemalteca establece alternativas legales para el traslado de las víctimas extranjeras que puedan enfrentar dificultades o castigos al ser repatriadas. Las autoridades ofrecieron estas alternativas a las víctimas extranjeras de la trata, pero se informó que las víctimas no habían aceptado. En marzo de 2011, funcionarios del gobierno firmaron un protocolo para la repatriación de víctimas de la trata; la formalización de los mecanismos de repatriación siguió durante el período de este informe. El Ministerio de Relaciones Exteriores facilitó la repatriación de 57 víctimas de la trata que retornaron a Guatemala del extranjero, de las cuales 44 fueron identificadas en México y siete víctimas extranjeras que deseaban regresar a su país de origen.

PREVENCIÓN

Miembros de la sociedad civil observaron una mayor coordinación entre actores gubernamentales y de organizaciones no gubernamentales en la lucha contra la trata de personas. El Ministerio de Educación llevó a cabo sesiones de capacitación y seminarios sobre la trata de personas para maestros, alumnos y padres de familia y se informó que llegaron a más de 20,000 ciudadanos guatemaltecos. El gobierno demostró una transparencia significativa en sus medidas contra la lucha de la trata de personas; el Procurador de los Derechos Humanos publicó un informe sobre la situación de la trata de personas en Guatemala, que incluye datos sobre los esfuerzos del gobierno, así como sus recomendaciones. El financiamiento para la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas aumentó sustancialmente durante este año, aunque todavía no alcanzó los $610,000 designados como financiamiento inicial en 2009. Sin embargo, el Congreso aprobó para la Secretaría $500.000 para el año 2011. A pesar del aumento de informes sobre el turismo sexual infantil, prohibido por el Artículo 195 del Código Penal, no se informó sobre procesamientos o condenas de turistas sexuales infantiles. Adicionalmente a los esfuerzos para educar al público acerca de la trata, especialmente a los niños de las escuelas, lo cual se ha realizado a través de campañas de sensibilización, las autoridades informaron haber instruido sobre los peligros del trabajo forzado a algunos trabajadores guatemaltecos que viven en la región fronteriza del norte y que están trabajando en México. Las autoridades brindaron capacitación sobre la trata de personas a las tropas guatemaltecas antes de su despliegue en el extranjero en misiones internacionales de paz.

Para ver las secciones de este informe referentes a otros países,
por favor visite la página del Departamento de Estado en la dirección:
http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2011/index.htm.